Con un liderazgo apto, y determinacion firme para defender los derechos humanos,el respeto de la dignidad humana,la equidad, trabajar por las mujeres que han sido el blanco y han sufrido, por las victimas de las comunidades indigenas de la sociedad civil en marco del conflicto armado, la autodeterminación de los pueblos y el desarrollo social, comprometiéndonos a luchar por la unidad nacional y la solidaridad con tod@s, junto a los hermanos no indígenas solidarios a nuestra causa.
lunes, 23 de enero de 2012
Asociación Wayuú Araurayu radicó propuesta de autonomía educativa
Lunes, 23 de Enero de 2012 08:30
Acogiendo los preceptos legales del Decreto 2500 de 2010, la asociación de jefes familiares wayuú de la Alta Guajira, Wayuú Araurayu, radicó la propuesta de autonomía para el manejo de la educación contratada en los establecimientos etnoeducativos del norte de Uribia.
En ese sentido, los directivos de la asociación manifestaron que con este hecho le reiteran a la Administración Municipal la voluntad de las autoridades tradicionales para que se aplique este decreto, proceso en el que han luchado arduamente los indígenas del país. “Solo le pedimos al alcalde de Uribia y a la secretaria de Educación Municipal que se respete el principio de autonomía del pueblo wayuú a la hora de tomar las decisiones”, puntualizó Rafael Iguarán, representante legal de la asociación.
Uno de los puntos neurálgicos en el proceso de la educación contratada radica en la forma extemporánea como se da la contratación de docentes y personal administrativo en todo el Departamento. Por esta razón los directivos de Wayuú Araurayu le solicitaron al alcalde Abel Giacometto Fominaya que tenga en cuenta la experiencia e idoneidad de la asociación, lo que permite celeridad en la implementación del calendario académico del presente año de una forma ordenada, planificada y tendiente a mejorar los indicadores de calidad en materia educativa.
De igual forma, los directivos de Wayuú Araurayu expresaron que en los próximos días se reunirán con funcionarios del Ministerio de Educación Nacional y la Procuraduría General de la Nación a fin de exigir transparencia y seguridad jurídica en el proceso de la educación contratada.
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