viernes, 12 de octubre de 2012

El Proceso de Articulación y Fortalecimiento de Redes Territoriales de Víctimas y Las Voces de las Victimas



viceministro de justicia, Miguel Samper, Silvia Rucks, Directora de Pais PNUD
Comité Estratégico, Octubre  8 de 2012
Señoras y señores representantes del Gobierno Colombiano,
Señoras y señores representantes de las instituciones del Estado,
Señoras y señores representantes de la Comunidad Internacional,


La propuesta  de Fortalecimiento y Articulación de Redes Territoriales de Víctimas del Programa Promoción de la Convivencia que se desarrolla desde el año 2009, cuenta con la activa participación de organizaciones de victimas y organizaciones acompañantes que conforman 18 Equipos Promotores con presencia en 18 territorios del país y que a fecha de hoy cuenta con  917 organizaciones articuladas.
El trabajo que realizamos en las regiones incluye el fortalecimiento de nuestras organizaciones y el de sus líderes y lideresas, el análisis de la situación de las víctimas y sus necesidades que aunque puedan tener a menudo rasgos comunes, son diferentes en cada territorio; la realización de espacios de reflexión en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición; la interlocución, diálogo y construcción de propuestas para las instituciones del nivel local, departamental y nacional encargadas de la atención y reparación a víctimas; la puesta en marcha de ejercicios de memoria histórica etc.  Desde los Equipos Promotores, nos articulamos con las organizaciones de nuestros departamentos o territorios para procurar que, en estas actividades, participen el mayor número posible de organizaciones. Buscando generar y fortalecer redes territoriales que,  a su vez, se conforma como una red nacional. Hoy estoy aquí como vocera de este proceso para traer desde las regiones a esta mesa de diálogo las voces de las víctimas y darles a conocer algunos de nuestros puntos de especial preocupación y algunas de las propuestas y recomendaciones que hemos elaborado conjuntamente.  
En el marco de esta propuesta, las organizaciones de víctimas que la conformamos hicimos un ejercicio de recolección de información en todos los territorios para extraer (mediante un trabajo de campo, reuniéndonos con las organizaciones en cada municipio y unificando y analizando la información) una agenda común de temas de gran preocupación o impacto en los territorios y que se han convertido en los puntos centrales de nuestro trabajo de fortalecimiento (individual y organizacional, de incidencia, de memoria histórica etc.):

-          Desaparición Forzada.

-          Violencia Sexual.

-          Restitución de tierras.

-          Desplazamiento forzado.

-          Memoria histórica.

-          Reparación integral.

-          Protección: lamentablemente, trabajando por y para las víctimas asumimos un riesgo que nos afecta en la vida diaria, que se extiende a nuestras familias y que ha costado a la vida a muchos compañeros y compañeras. Repito: les ha costado la vida. Y sin embargo, seguimos sufriendo amenazas, atentados, presiones y por tanto, tomando las medidas que podemos para protegernos y reclamando siempre al Estado la obligación que tiene de garantizarnos la seguridad y la integridad

Estos temas, han sido objeto de análisis y de trabajo por las organizaciones en cada territorio para después tratarles en 23 espacios de diálogo realizados hasta la fecha. Estos espacios de diálogo son diseñados, preparados y organizados por las propias organizaciones y convocamos a la institucionalidad local (y a la cooperación internacional del territorio, si la hay) para crear o fortalecer un diálogo permanente con ellos y para que nuestros puntos de vista, nuestras demandas, nuestras opiniones y nuestras propuestas sean escuchadas. En esos espacios de diálogo territorial buscamos construir acuerdos con la institucionalidad y que se alcancen compromisos que redunden en la restitución de nuestros derechos. Entendemos que esos Espacios de Diálogo no son un evento, sino parte de un proceso pues nuestro trabajo se centra posteriormente en hacer seguimiento a esos compromisos para comprobar que lo que se acuerde se convierta en realidad. Las víctimas sabemos que es fácil hablar y prometer, pero que más difícil es cumplir.  Y hoy estoy aquí en ese espacio de diálogo con la misma intención.

El trabajo de incidencia que hemos desarrollado en los territorios a través de este proceso ha conseguido tener impacto en las regiones y me gustaría mencionar algunos:

ü En Norte de Santander, la incidencia de las víctimas impulsó y logró la creación de la oficina departamental de atención a víctimas.

ü En el Putumayo,  ha logrado comprometer al gobierno de Mocoa en la creación un centro de atención similar para enero de 2013.

ü Se ha conseguido que las instituciones competentes organizaran jornadas de atención y registro a las víctimas residentes en Bogotá.

ü En el Cauca, se ha conseguido la participación de las organizaciones de víctimas en el diseño del Plan Departamental de Atención Psicosocial.

ü En el Cesar, se han facilitado acuerdos para la capacitación de las victimas con el SENA.
 
ü En Magdalena Medio, se han entregado propuestas específicas a la PGN sobre el daño colectivo y su medición con miras a lograr una reparación ajustada a derecho. También se ha establecido un  diálogo directo entre las víctimas de desaparición forzada y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desparecidas que asumió el compromiso de realizar una plenaria en el territorio para dar seguimiento a esa interlocución directa con las víctimas.  

ü En Nariño,  la interlocución permanente con la institucionalidad ha posibilitado el desarrollo de jornadas de atención a víctimas y espacios de rendición de cuentas sobre los avances en la implementación de la Ley 1448 y en alianza con la Alcaldía de Pasto se ha acordado el acompañamiento de la oficina de atención a víctimas. 

ü En el departamento del Magdalena, en articulación con la alcaldía de Santa Marta se ha definido la  construcción de la casa de la mujer con el fin de atender a las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y la construcción de propuestas especificas sobre verdad, justicia y reparación para los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

ü Se ha visibilizado la situación de las víctimas del Chocó a los Alcaldes y personeros de 28 municipios del departamento.  

ü En  Santander, se creó un Comité Departamental de Víctimas que realizó incidencia para lograr la instauración de un Tribunal de Justicia y Paz en la región.

ü En la Guajira, la incidencia de las impulso y logro la creación de la oficina de atención integral a las víctimas en el municipio del Molino, ha logrado comprometer al gobierno del municipio de Uribía en la creación de un centro de atención integral a víctimas y además de comprometer y lograr incluir en su plan de desarrollo el Retorno de la comunidad de Portete, en el Municipio de Riohacha se comprometen a la creación del centro regional a las víctimas, resaltando la participación en comité de justicia transicional a nivel municipal, departamental y espacio Nacional. Las organizaciones que han adelantado trabajo con el programa de promoción de la convivencia.

Así mismo, a nivel nacional esta red de víctimas realizó 155 recomendaciones concretas al borrador de la Ley de Víctimas y a su Decreto Reglamentario de las cuales aproximadamente la mitad tuvieron fueron recogidas (en diferentes grados) en su  texto final. Así mismo, recientemente hemos realizado un análisis conjunto para formular observaciones al borrador del protocolo de participación de víctimas que serán entregadas próximamente a la Unidad de Víctimas a través del PNUD.


En definitiva, desde las organizaciones creemos que este proceso de fortalecimiento y articulación de redes territoriales de víctimas, nos ha permitido generar y fortalecer, de manera independiente, canales y espacios de comunicación que buscan profundizar en la relación de confianza entre las propias organizaciones de víctimas, y entre las organizaciones de víctimas y la institucionalidad en los distintos niveles territoriales. Sirviendo también como un puente de articulación, consulta y diálogo para numerosos temas de política pública relacionados con la exigibilidad de sus derechos.

Reconociendo los avances conseguidos en los últimos años, las víctimas del conflicto armado queremos lograr una participación plena, activa y efectiva en todos los procesos: tanto en la construcción e implementación de la política estatal como en los procesos sociales, administrativos y judiciales. El acceso a la Justicia sigue presentando barreras estructurales que deben ser superadas para que podamos ejercer y ver satisfechos nuestros derechos. Barreras estructurales del propio sistema de Justicia en Colombia  o barreras estructurales basadas en la precaria situación de vida de la mayoría de las víctimas. Entre todas, hacen que las barreras sean a veces insuperables para que una víctima pueda tener conocimiento y acceso a los procesos judiciales que le son relevantes. Esto es especialmente grave en la Colombia Rural.

A lo largo del trabajo que he mencionado en los territorios por mis compañeros y compañeras de la red de víctimas y en el marco de espacios de trabajo con las organizaciones y en los espacios de diálogo se han establecido algunas propuestas para el ejercicio pleno de la participación y de los derechos de las víctimas que quiero traer a esta mesa en la que están reunidas algunas de las personas que tiene mayor capacidad de decisión del país en estos temas

· Es necesario impulsar reformas en las instituciones (especialmente en algunas regiones) para asegurar que la institución fomente y promueva una cultura de respeto de los derechos humanos y asegurar que el comportamiento de sus funcionarios y funcionarias se ajusta a ello. Es difícil, en muchas regiones, mantener o restablecer la confianza en las instituciones cuando hemos visto que, pese a los cambios en las leyes en el nombre de las instituciones, y probablemente en su intención y espíritu, el funcionario/a a cargo es la misma persona que ha habido siempre, con el mismo comportamiento y con las misma conexiones. Desde las organizaciones creemos que éste es un punto esencial para el que se deberían crear mecanismos y estrategias concretas. Haciéndolo, no solamente se fortalecería la capacidad de respuesta de la institución sino que es la única manera de hacer efectivas las garantías de no repetición y consolidar el Estado de Derecho.

· Es necesario destinar presupuesto específico para la atención, orientación y satisfacción de los derechos de las víctimas en las regiones y localidades que permita contar con los servicios que la Ley establece y con la infraestructura adecuada. Especialmente para que las víctimas puedan tener una atención psicosocial adecuada para la recuperación y superación de su trauma como para participar en los procesos. A menudo, el acompañamiento psicosocial lo hacemos entre nosotros, entre las organizaciones, entre vecinos y comunidades pero sin ningún acompañamiento de las Autoridades.

· Es importante insistir en una amplia difusión y divulgación de los procesos de reparación individual y de los planes de reparación colectiva y ligarlos a los niveles territoriales. Algo que  permita descentralizar la idea de que la satisfacción de los derechos depende de las políticas y directrices del nivel central. Para ello, se debe empoderar, capacitar y dotar de medios a las entidades territoriales.

· Es necesario que todas las instituciones implicadas (especialmente a nivel regional) valoren y presten la atención necesaria a espacios de participación no formales de las organizaciones de víctimas (diálogos tripartitos, ejercicios de memoria histórica, espacios de reflexión etc.), para que puedan comprender el contexto en su conjunto y prioricen el tema de víctimas en sus agendas de trabajo.

· Es fundamental generar una estrategia amplia de socialización del protocolo de participación de las víctimas y de su funcionamiento una vez se conozca su texto definitivo. De esta manera, las víctimas y sus organizaciones podrán familiarizarse con los espacios de participación y las posibilidades que ofrecen los mismos.   En este sentido, las instituciones responsables deber coordinar todos sus esfuerzos para que mediante un mensaje claro y con un lenguaje sencillo se apropien los contenidos de este texto y la participación sea activa y efectiva.

· Es imprescindible que podamos vivir y trabajar en un contexto de seguridad. Que nuestro trabajo como reclamantes o como líderes de procesos de restitución de derechos no nos convierta en objetivos de grupos armados, bandas criminales o grupos de poder aún presentes en las regiones y que aún tienen impacto en la institucionalidad. Es necesario que nuestras denuncias sea investigadas con celeridad, que arrojen resultados concretos que permitan reducir la impunidad en la que quedan los ataques que sufrimos y contribuir a prevenir nuevos atentados y amenazas.

Como vocera de este proceso de redes territoriales de víctimas, confiamos en seguir contando con el compromiso y disposición del Estado y con el respaldo de la cooperación internacional para que, desde las regiones apartadas y en el diálogo con instituciones a menudo reacias y prevenidas con las víctimas podamos seguir teniendo incidencia y fortaleciendo y acompañando a cada víctima del país para que logre su plena ciudadanía.

Gracias por la atención,
d
Debora Barros Fince.
Mutepaz

viernes, 28 de septiembre de 2012

“Con la extradición de ‘Pablo’ perdemos la esperanza de conocer la verdad”

Las víctimas de la masacre de Bahía Portete hablaron sobre las consecuencias que traerá la extradición de alias ‘Pablo’, para el proceso de justicia, verdad y reparación.
Arnulfo Sánchez González, conocido como alias ‘Pablo’ o ‘el Señor del Desierto’, se convirtió en uno de los jefes paramilitares más sanguinarios del Bloque Norte que delinquió en el departamento de la Guajira.
Durante su pertenencia a este grupo paramilitar, que era comandado por Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40', alias ‘Pablo’ se adueñó del negocio del narcotráfico, razón por la que Estados Unidos lo solicitó en extradición.
La Corte Suprema de Justicia y el presidente de la República, Juan Manuel Santos, aprobaron la solicitud del gobierno norteamericano debido a su poca colaboración ene lproceso de Justicia y Paz. (Ver artículo Gobierno ordena la extradición de Pablo)
Las víctimas de los crímenes de alias ‘Pablo’ y sus defensores, hablaron con VerdadAbierta.com sobre la extradición de este jefe paramilitar, que aseguran, se puede convertir en un ‘mecanismo de impunidad’ que va en contra de sus derechos.
“Para nosotros la verdad y el retorno a nuestras tierras es más importante que la reparación económica. Para las víctimas de Bahía Portete lo más importante era la captura de alias ‘Pablo’”, aseguró a VerdadAbierta.com Débora Barros, víctima de la masacre en la que fueron asesinadas tres mujeres y otras dos fueron desaparecidas en abril de 2004.
Aunque ‘Pablo’ fue capturado en noviembre de 2010 y las víctimas pensaron que por fin se conocería la verdad, contrario a las expectativas, el ex jefe paramilitar nunca colaboró realmente en el esclarecimiento de los hechos.
“En Justicia y Paz, ‘Pablo’ no ha colaborado con la verdad, el no acepta su responsabilidad en el terror que generaron los paramilitares en la Guajira. Ahora dice que quiere hablar, pero si no lo hizo durante los otros ocho años que pasaron no lo va a hacer ahora”, agregó Selemina Barros, otra familiar de las víctimas de Bahía Portete.
Esta afirmación es sostenida por la Corte Suprema de Justicia que aprobó su extradición. Al alto tribunal dice que 'Pablo' siguió delinquiendo después de la desmovilización y no colaboró con la verdad ni con la reparación. Para la Corte alias 'Pablo' intentó entrar al proceso de Justicia y Paz para evadir la extradición.
Con la firma del presidente de la República, Juan Manuel Santos, que aprueba la extradición de alias ‘Pablo’,se acaba la esperanza de conocer la verdad. Lo único que queremos saber es por qué mataron a nuestros familiares, el motivo real de la masacre, y el lugar donde están los restos de los desaparecidos”, aseguró Débora Barros a VerdadAbierta.com.
Los riesgos de la extradición de ‘Pablo’
Siendo comandante del Frente Contra Insurgencia Wayuú, entre el 2002 y el 2006, alias ‘Pablo’ cometió toda clase de crímenes, dentro de los que se encuentran desapariciones forzadas, homicidios, torturas, desplazamientos y masacres como la de Bahía Portete.
Luego de la desmovilización del Bloque Norte, ‘Pablo’ siguió delinquiendo convirtiéndose en jefe de la banda criminal que se apropió del negoció del narcotráfico y de la organización delincuencial de la región.
Después de conocerse la decisión del Presidente de la República, la defensa de las víctimas manifestó su preocupación frente a las dificultades que genera la extradición de paramilitares que están siendo procesados en Colombia por crímenes de lesa humanidad, como es el caso de alias 'Pablo' y su ex jefe inmediato, 'Jorge 40'.
La extradición de paramilitares implicados en graves violaciones a los derechos humanos es un mecanismo generador de impunidad por varios motivos, aseguraron varios defensores de víctimas. “El hecho de que los paramilitares se encuentren en otro país hace que los procesos sean más demorados ya que todas las diligencias judiciales van a estar sometidas a los requerimientos de la justicia del otro país”, aseguró Luz Estella Aponte, defensora de derechos humanos que lleva las medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las víctimas de Bahía Portete.
En este mismo sentido, por la distancia, la verdad se vería restringida a los testimonios del ex jefe paramilitar ya que “las víctimas no pueden cuestionar o a portar pruebas directas”, agregó la abogada Aponte.
“Los extraditados que han sido mandos paramilitares en el país pierden el contacto con sus subalternos que son quienes han realizado los crímenes. De esta manera se pierde parte de la verdad porque no existe la posibilidad de reconstruir lo que pasó en la ‘cadena criminal de mandos’”, dijo Aponte a VerdadAbierta.com.
Finalmente, la abogada entrevistada por VerdadAbierta.com aseguró que con la extradición se da a entender que los crímenes asociados al narcotráfico tienen una mayor importancia que los de lesa humanidad. Además hace pensar que la institucionalidad de la justicia colombiana no es capaz de juzgar los delitos de sus nacionales, situación que para Aponte no es cierta ya que “el país tiene una legislación fuerte en ese sentido”.
Aponte aseguró que no se oponen a la extradición, pero cree pertinente que los paramilitares deben pagar sus deudas con la justicia colombiana, antes de ser enviados a Estados Unidos.
¿Qué ha pasado con las víctimas de Bahía Portete?
Alias ‘Pablo’ tiene dos condenas del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Riohacha, una por la masacre de Bahía Portete en la que murieron cinco mujeres de la comunidad Wayuu y otra por delitos como desapariciones, torturas, homicidios y desplazamientos forzados que cometió cuando fue jefe paramilitar.
Sin embargo, para las víctimas de la masacre, la condena que recibió alias ‘Pablo’ es una "burla", teniendo en cuenta que el ex jefe paramilitar no ha colaborado ni con la verdad ni con la reparación material.
“El hecho de que hayan condenado a alias ‘Pablo’ a 26 años de cárcel y que ahora vaya a ser extraditado, es una injusticia para nuestra familia, es una re victimización”, aseguro Selemina Barros a VerdadAbierta.com
Además de que alias ‘Pablo’ no ha respondido por los crímenes que cometió siendo parte de las autodefensas, las víctimas aseguran que los crímenes que cometió siendo jefe de una banda criminal tambien están impunes.
Según Selemina Barros, familiar de las víctimas de Bahía Portete, lo poco que se sabe de la masacre lo ha contado Jose Gregorio Álvarez Andrade, conocido con el alias de ‘Pedro 16’, quien ha narrado como se aliaron con las autoridades políticas y militares para realizar la masacre.
Este es otro aspecto que preocupa a las víctimas y es que los nexos de políticos y militares de la Alta Guajira con paramilitares queden impunes por el silencio de alias ‘Pablo’.
Por otra parte, además de la verdad, los familiares de los asesinados le reclaman al Estado garantías para regresar a sus tierras. “Ha habido muchas dificultades para el retorno. De hecho sabemos que se presentó un retornó de gente que no era de la comunidad, recibieron ayudas humanitarias y todos los beneficios sin ser víctimas”, agregó uno de los entrevistados por VerdadAbierta.com.
Las víctimas aseguran que siguen siendo amenazadas y objeto de atentados además temen temen que los hombres de la banda criminal que manejaba alias ‘Pablo’, tomen represarías en su contra.
A pesar de que la Unidad de Víctimas ha empezado a trabajar en el caso de la masacre de Bahía Portete, las víctimas ven con preocupación la ausencia de verdad y de justicia. Aseguraron que esperan trabajar en la reparación colectiva y reconstrucción de las redes sociales de la comunidad afectada por el terror paramilitar.
La decisión de extraditar a alias ‘Pablo’ fue apelada por su abogado, pero la Corte Suprema de Justicia y el Presidente de la República coincidieron en afirmar que no existía ningún impedimento para que el ex jefe paramilitar y reconocido narcotraficante, comparezca ante la justicia norteamericana. Con la extradición de alias 'Pablo' sería 23 los ex paramilitares que han sido extraditados a Estados Unidos. (Ver lista completa de ex paramilitares extraditados)
http://www.verdadabierta.com/component/content/article/40-masacres/4219-con-la-extradicion-de-pablo-se-va-la-esperanza-de-saber-la-verdad/

viernes, 14 de septiembre de 2012

Comunicado a la opinión pública

 
Comunicado a la opinión pública
Denuncia urgente: persecución contra las lideresas del proceso de la comunidad de Portete

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Queman enramada donde se reúnen las victimas  a conmemorar la masacre, cierran el vehículo donde se transportaban Telemina Barros y Carmen Fince y disparan contra el vehículo de protección de Debora Barros Fince.
 
HECHOS
1.- El sábado 1 de septiembre de 2012, las lideresa Telemina Barros y Carmen Fince, se trasladaban en horas de la mañana hacia más arriba de la comunidad de Bahía Portete, a recoger a un funcionario de Parque Nacionales Naturales cuando se les atravesó un vehiculó cheroki y una burbuja de color blanco ambos de placas colombianas, cuando se percataron que la policía venia, huyeron del lugar desconociendo el motivo y cuál era la intensión de los sujetos que cometieron este hecho.
2.- En el mismo día siendo las 7: 00 pm, la lideresa Debora Barros Fince, se desplazaba de regreso de Media luna hacia Riohacha, en un sitio llamado la S, cuando se sintió un impacto en el vehiculó donde se transportaban, ellas decidieron no detenerse hasta llegar a la estación de policía del Uribía, el impacto partió el vidrio del primer blindaje del carro de propiedad de la agencia de vigilancia Vise, resaltamos que donde sucedió el hecho siempre había un vigilante de la empresa Cerrejón y del Ejercito, pero esta vez había ninguno de los dos.
3.- No siendo suficiente, a la autoridad tradicional de portete, Agustín Fince Epinayú, hace pocos días trataron de cambiarla, irrespetando la Autonomia wayuu.
4.- nuevamente con estos hechos pretenden re-victimizar, después de DESTRUIR LAS ENRRAMADAS DONDE LAS LÁGRIMAS, EL DOLOR Y TODAS LAS ESPERANZA SE HAN CONSTRUIDO, HOY SOLO BUSCAN DESESTABILIZACIÓN EN EL PROCESO, CAUSAR TERROR EN LAS VICTIMAS; ASÍ MISMO DESTIERRO Y TRISTEZA.
5- realmente quienes son los enemigos del retorno, la reparación colectiva y directa de la comunidad de portete.
6- Además de esto, el pasado 28 de agosto del presente año, la Corte Suprema de Justicia falló en contra del recurso de Casación que interpuso la familia de JOSÉ MARÍA BARROS IPUANA. La Corte le solicitó a la Fiscalía General de la Nación que imputara el delito de desplazamiento. Por otro lado, el periódico Diario del Norte de la Guajira publicó la noticia que alias Pablo muy pronto será extraditado y con él se va la información y la esperanza de encontrar a nuestras desaparecidas.
CONTEXTO
Desde hace 8 años, las lideresas del proceso de la comunidad de Portete, han denunciado la masacre, la persecución, la marginación y el desplazamiento forzado sufrido buscando solo justicia y verdad, sin descanso para el no olvido y la no repetición. Visibilizando los hechos de la masacre que hoy tiene a una comunidad en riesgo de NO retornar a su Territorio de donde nunca de vieron salir.
La comunidad ha tenido paciencia y ha creído en el Gobierno. En el año 2010 se inició un proceso con la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación con el fin de retornar a la comunidad a su territorio de donde nunca debieron haber salido. Luego, en mayo de 2012 se inició un diálogo con la Doctora PAULA GAVIRIA BETANCUR, Directora de la Unidad Nacional de Víctimas. Con ella pactamos acuerdos, tiempos y nuestra confianza. Hablaron desde nuestra autoridad tradicional a la autoridad de la Unidad para dar prioridad al retorno de la comunidad marcado en el decreto reglamentario Ley 4633.
Luego inicia una primera fase del compromiso que es el saneamiento al territorio, porque en año 2004, en el mes de agosto se llevo a cabo un FALSO RETORNO ubicando a personas ajenas al territorio para hacerlos pasar como si fueran las víctimas de la masacre, asumiendo el compromiso la unidad de victimas envía a unos funcionarios del nivel nacional y departamental y de asuntos indígenas del Municipio de Uribía al territorio hacer la caracterización de las familias asentadas en área, pero realmente NO llevan a cabo esa función, cambiando el compromiso de manera GRAVE Y FATAL PARA NUESTRA COMUNIDAD, porque inician reuniendo a las comunidades de los alrededores de la Bahía de Portete, diciendo que ellos también son víctimas, incluso hasta los victimarios ahora hacen parte de ese grupo que pretende hacerse reconocer como víctimas.
Pero lo más lamentable ahora es que miembros de la comunidad que nunca colocaron una denuncia, nunca acompañaron a los YANAMA realizados durante 8 años, además ya no habitaban el territorio antes de los hechos, que nunca acompañaron en ese recorrido tan largo y tormentoso en el proceso que se ha llevado y que sigue llevando, Como comunidad nos duele que solo hasta hoy se acercaran por la plata y buscando entorpecer el proceso.
Todos estos hechos ocurren cuando la comunidad y un grupo de abogados han iniciado el proceso de demandar a la empresa Cerrejón por su presunta responsabilidad en la masacre de 2004 donde participaron militares-paramilitares al servicio de esta compañía, que incluso tal y como obra en las declaraciones de quienes participaron, salieron del batallón y en vehículos de los militares.
SOLICITAMOS
1.- Expresar su solidaridad para con los familiares de las víctimas, exigir al gobierno nacional garantías plenas para los familiares, el cese de toda persecución, señalamiento y re-victimización a las lideresas y sus familias.
2.- Enviar comunicaciones a la compañía Cerrejón, a la Embajada Suiza (sede de la compañía Xtrata-Glencore), a la Embajada de Inglaterra en Colombia, a la Embajada de Australia y a las autoridades Colombianas exigiéndoles garantías para los familiares de las víctimas, Justicias Verdad y Reparación.
3.- A la Comisión Interamericana de Justicia para que le exija al gobierno Colombiano, garantías de Verdad, Justicia y Reparación a las familiares y hacer efectiva las medidas cautelares ordenadas por la Comisión.
Organización Wayuu Munsurrat - Mujeres Tejiendo Paz, Funtraenergetica, Sintraminercol, Riohacha, Guajira 6 de septiembre del 2012.
Mail.: mujertejiendopaz@yahoo.es wayuumunsurat@yahoo.com

martes, 11 de septiembre de 2012

Gobierno ordena la extradición de alias 'Pablo'

Arnulfo Sánchez González, alias ‘Pablo’, ex jefe paramilitar del Bloque Norte y quien realizó la masacre de Bahía Portete será extraditado en los próximos días a EE.UU para ser procesado por narcotráfico

Luego de un cuatro años de dilaciones y problemas jurídicos, el presidente Juan Manuel Santos firmó la extradición de Arnulfo Sánchez González, alias ‘Pablo’, ex jefe paramilitar del Frente Contra Insurgencia Wayuú que delinquió en La Guajira.
‘Pablo’, quien aceptó haber sido el responsable de varias desapariciones forzadas, homicidios, torturas, desplazamientos forzados y masacres en La Guajira, entre ellas la de Bahía Portete, será enviado a Estados Unidos en los próximos días para que responda ante el Tribunal de Columbia por el delito de tráfico de estupefacientes.
Sánchez González es señalado por el gobierno norteamericano de enviar cocaína y heroína a Estados Unidos para financiar el Bloque Norte, grupo paramilitar que era comandado por el extraditado jefe paramilitar, Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.
Pero ‘Pablo’ no solamente envió drogas a Estados Unidos siendo jefe paramilitar sino que continuó traficando después de su desmovilización ficticia, cuando se convirtió en jefe de una banda criminal que operaba en La Alta Guajira.
A pesar de que Arnulfo Sánchez se desmovilizó el 10 de marzo del 2006 con otros 4.760 paramilitares del Bloque Norte, nunca dejó las armas, y por el contrario, se convirtió en el jefe de la banda que controlaba las rutas del narcotráfico que dejaron las autodefensas en el norte del país.
Con ‘Jorge 40’ preso y luego extraditado en 2008, ‘Pablo’ se volvió el nuevo jefe de La Guajira, y según la Policía, responsable de la salida de un tercio de la cocaína producida en Colombia.
Alias ‘Pablo’ tiene dos sentencias condenatorias del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Riohacha, una por la masacre de Bahía Portete en la que murieron seis mujeres de la comunidad Wayuu y otra por delitos como desapariciones, torturas, homicidios y desplazamientos forzados que cometió cuando fue jefe paramilitar.
Además de estos fallos que lo condenaron a 23 años de prisión, Sanchez González tiene ocho investigaciones más en la justicia ordinaria por crímenes cometidos luego de su falsa desmovilización, cuando se convirtió en la cabeza delincuencial de la Guajira.
La decisión de extraditar a alias ‘Pablo’ fue apelada por su abogado, pero la Corte Suprema de Justicia y el Presidente de la República coincidieron en afirmar que no existía ningún impedimento para que el ex jefe paramilitar y reconocido narcotraficante, comparezca ante la justicia norteamericana. Con la extradición de alias 'Pablo' sería 23 los ex paramilitares que han sido extraditados a Estados Unidos. (Ver lista completa de ex paramilitares extraditados)
Las complicaciones de la extradición de ‘Pablo’
La Corte Distrital de los Estados Unidos para el distrito de Columbia emitió una orden de detención en contra de Arnulfo Sánchez González, alias ‘Pablo’, el 22 de abril de 2008. Esta solicitud fue recibida por el Ministerio del Interior y de Justicia de Colombia, entidad que la remitió a la Corte Suprema de Justicia para que decidiera si era viable extraditar al ex jefe paramilitar.
Solo dos años después, en noviembre de 2010, Arnulfo Sánchez González alias ‘Pablo’ pudo ser capturado en Bogotá y recluido en la cárcel de Combita, Boyacá, donde días después fue notificado de la solicitud de extradición que pesaba en su contra.
La Embajada de los Estados Unidos solicitó nuevamente la detención provisional con fines de extradición el 22 de diciembre de ese año, por el delito de narcotráfico al elaborar y distribuir cocaína y heroína sabiendo que serían ilegalmente importadas a los Estados Unidos.
Además de estos envíos que se realizaron entre 2005 y 2008, el gobierno estadounidense aseguró que este dinero fue utilizado para financiar actividades relacionadas con el terrorismo.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia evaluó la solicitud y consideró que era viable y por medio de un pronunciamiento del 21 de septiembre de 2011 dio vía libre a la extradición de alias ‘Pablo’. (Ver pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia). Esta decisión fue aceptada y ratificada por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos mediante una resolución ejecutiva un mes después. (Ver resolución ejecutiva de Presidencia 375 de octubre 2011)
Pero la defensa de Arnulfo Sánchez no aceptó la decisión y apeló en febrero de 2012 con el objetivo de que el gobierno la revocara.
La defensa aseguró que era la extradición era ilegal porque el desmovilizado se encontraba postulando a Justicia y Paz, proceso del que solo puede ser excluido por una decisión judicial de un Tribunal. Además agregó que la extradición iba en contra de los derechos de las víctimas de obtener verdad y reparación por los delitos que su defendido cometió cuando hizo parte de las autodefensas del Bloque Norte. (Ver resolución ejecutiva presidnecial 026 de febrero de 2012)
Pero tanto la procuraduría como el Presidente de la República y la Corte Suprema, coincidieron en afirmar que esto era completamente falso y que alias ‘Pablo’ ni siquiera hacía parte del proceso de Justicia y Paz.
Según el director de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, Arnulfo Sánchez alias ‘Pablo’, no se encontraba postulado a Justica y Paz, ya que a pesar de que se encontraba en las listas de los desmovilizados del Frente Contrainsurgencia Wayuu del Bloque Norte, no entregó las armas y por el contrario siguió delinquiendo.
Aunque Sánchez González estaba realizando los trámites para entrar a Justicia y Paz, para las autoridades solo se trató de una manipulación para burlar a la justicia.
Hubo intención de buscar postularse a justicia y paz solo después de enterarse que era requerido en extradición por el gobierno de Estados Unidos, y no desde el 2006 cuando se desmovilizó con el Bloque Norte de las Auc. Esto permite inferir que la intención de Sánchez González es evadir su extradición”, aseguró la resolución firmada por el Presidente, Juan Manuel Santos.
Así mismo, La Corte agregó que su integración tardía al trámite de justicia y paz se advirtió como una maniobra para aludir las consecuencias de las actividades de narcotráfico atribuidas por el gobierno de Estados Unidos.
Por otra parte, para la presidencia ni siquiera existió una intención del desmovilizado de “contribuir de forma efectiva con el esclarecimiento de la verdad ni un interés en reparar a las víctimas, no solo por no estar vinculado al proceso de justicia transicional, sino por cuanto continuó con sus actividades delictivas con posterioridad a las entrada en vigencia de la ley de justicia y paz (Según el tribunal norteamericano, Sanchez incurrió en acciones de narcotráfico entre 2005 y 2008, fechas posteriores a su desmovilización)”. (Ver resolución ejecutiva de Presidencia 084 abril 2012)
En semanas pasadas la Corte Suprema afirmó que si un ex paramilitar delinquía después de desmovilizarse perdería todos los beneficios de la ley de Justicia y Paz. Así las cosas, aunque alias ‘Pablo’ estuviese cobijado por la ley, el hecho de que haya delinquido con posterioridad a su supuesta desmovilización sería otro factor que justificaría su extradición.
Por estas razones, para las autoridades encargadas, con la extradición de alias ‘Pablo’ no se vulnera el espíritu de la ley de justicia y paz ni los derechos de las víctimas. Este hecho se conoce semanas después de que la Corte Suprema aprobó al solicitud de José Gelves Albarracín, alias ‘El Canoso’, argumentando que si los desmovilizados no estaban cumpliendo con las víctimas no existe problema si son extraditados.
VerdadAbierta.com conoció que el Inpec se encuentra esperando las indicaciones para proceder con el envío de Arnulfo Sánchez a Estados Unidos en los próximos días.
¿Quién es alias ‘Pablo’?
Arnulfo Sánchez González, mejor conocido como ‘Pablo’, nació hace 39 años en Yopal, Casanare. Antes de ingresar formalmente al Bloque Norte de las AUC en 2002, ‘Pablo’ trabajó en la Contraloría de Yopal, y de 2000 a 2002 se desempeñó como conductor privado en Bogotá y como escolta en Popayán.
Para finales de 2001, cuando el recién conformado Bloque Norte de las AUC incursionaba en La Guajira, Sánchez González llegó al departamento. Primero fue, -según él mismo lo dijo a la justicia- coordinador de víveres, y luego se encargó del pago a los hombres que trabajaban para ellos en Palomino y Mingueo.
Para febrero de 2004, ‘Pablo’ ya era el jefe del ‘Frente Contra Insurgencia Wayuú’ del Bloque Norte de las AUC en la Alta Guajira. Fue conocido como uno de los jefes más sanguinarios. Dirigió la masacre de Bahía Portete en abril de 2004: tres días de sangre en los que murieron al menos cinco personas, entre ellas, niños y una mujer, autoridad tradicional. (Lea 'Las verdades del conflicto en La Guajira')
Una vez se desmovilizó el Bloque Norte en 2006, las rutas de narcotráfico que tenía éste en la Alta Guajira quedaron a cargo de ‘Pablo’.
http://verdadabierta.com/component/content/article/36-jefes/4213-la-extradicion-de-pablo-el-terror-de-la-guajira/index.php?option=com_content&id=4213

domingo, 26 de agosto de 2012

La guerra y el hambre llevan al límite a muchos pueblos indígenas en Colombia: PNUD

INFORMELas cifras recogidas por los investigadores muestran que el 63 por ciento de la población aborigen "está sumida en una pobreza estructural" y, de ellos, el 47,6 por ciento "está por debajo de la línea de miseria".
Domingo 26 Agosto 2012
 
El conflicto armado interno y la pobreza han puesto en riesgo a muchos de los 102 pueblos indígenas de Colombia, que tiene una población aborigen de poco más de 1,37 millones que equivale apenas al 3,36 por ciento del total nacional.

Son 34 las poblaciones de nativos que están en peligro de extinción por efecto de la confrontación y el hambre, pero también por otros factores, según un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) divulgado el domingo.

"No es un alarmismo", aclaró la experta del PNUD Tania Guzmán, coordinadora general de la investigación, titulada "Pueblos indígenas: diálogo entre culturas".

El estudio es un cuaderno adicional al Informe de Desarrollo Humano que elabora anualmente esta agencia de la ONU, que en tres días lo presentará de manera pública en la capital colombiana.

La experta explicó que los 34 pueblos en riesgo de desaparición hacen parte de un grupo de 66 en estado de vulnerabilidad por su baja población y los efectos de otro complejo conjunto de "vulnerabilidades de otro tipo".

Además de la confrontación armada y la pobreza, en este grupo están el desplazamiento forzado, el narcotráfico, la colonización, los megaproyectos, las explotaciones de hidrocarburos, la minería y la extracción de madera.

El índice de desnutrición crónica es aún más alarmante, por cuanto la sufre más del 70 por ciento de los niños y niñas indígenas de Colombia, cuya población menor de 15 años de edad representa el 40 por ciento.

La tasa de muerte por cada mil habitantes es también superior a la media nacional (61 contra 41), en tanto que la de analfabetismo entre los mayores de 15 años también está por encima del promedio del país y es superior entre la población femenina.

A todo ello se suman problemas como el de las tierras aptas para las actividades agropecuarias, que suman 3,12 millones de hectáreas, poco menos del 10 por ciento de los 34 millones de hectáreas que tienen como extensión conjunta los 710 resguardos indígenas del país.

Los parques naturales o las zonas de reserva forestal ocupan la gran parte del territorio indio, que está distribuido por 228 municipios de 27 de los 32 departamentos colombianos

La situación más extrema parece ser la de los pueblos asentados en las vastas y remotas selvas de las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco, en las que están 32 de los pueblos colombianos en peligro de extinción. De ellos, 10 tienen menos de 100 personas y 18 menos de 200.

"El informe quiere llamar la atención sobre el hecho de que existe el peligro de extinción de algunos pueblos indígenas en el país", insistió la coordinadora general del estudio.

Significa, dijo, un mensaje a la sociedad colombiana sobre el riesgo en el que se encuentran estos pueblos, cuya diversidad representan un patrimonio que ha sobrevivido a lo largo de cinco siglos y cuyo despilfarro, por desaparición, será imperdonable.

"Es un patrimonio muy importante para el país y la humanidad", apuntó la experta, que resaltó que lo importante allí es la libertad y la diversidad cultural, que debe protegerse con el reconocimiento de sus diferencias y particularidades, y las garantías que dan los tratados y convenios internacionales suscritos por Colombia, y la legislación nacional.

El país hizo avances normativos a partir de la Asamblea Constituyente que promulgó la Constitución de 1991 o la superación de extremos como el de una ley penal que definía a los aborígenes como "menores de edad", en el límite de una discriminación de muchas décadas.

La experta Guzmán recordó que la ONU también lo hizo, en su informe mundial de 2004, al recoger "el problema de la libertad cultural en el mundo diverso de hoy".

"Los indígenas deben ser tratados de forma diferente porque son distintos", apuntó la coordinadora general de este estudio, en el que sus responsables también abrieron espacio a recomendaciones para la reivindicación y supervivencia de esta minoría.

Una de ellas apunta a la superación del conflicto armado, asunto que implica autonomía y territorio, frente hecho visible recientemente por los nasas, pueblo del departamento del Cauca (suroeste) que reclama la salida de los militares y guerrilleros que se enfrentan en sus tierras ancestrales.

EFE

http://www.semana.com/nacion/guerra-hambre-llevan-limite-muchos-pueblos-indigenas-colombia-pnud/183478-3.aspx

miércoles, 1 de agosto de 2012

FORO DEPARTAMENTAL DE DERECHOS HUMANOS DE LA GUAJIRA

INTERVENCIÓN DEL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE PAZ Y CONVIVENCIA (CODEPAZ

En el ejercicio literario la metáfora es un recurso estético y de entendimiento, es decir la metáfora facilita y recrea la comprensión de lo narrado. En este sentido al solicitar la ayuda de la metáfora sobre el tema de los Derechos Humanos y el ejercicio de la Paz, nos encontramos con las siguientes imágenes:

Los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario representan la nutrición del cuerpo social… es el alimento social del ser humano. Sin ellos no hay energía para la asociación entre la especie humana. Por lo tanto creer, proteger y ejercer los DDHH es el principal distintivo de la Persona. Para llegar a construir el ente humano (sujeto con razón, conciencia e identidad) debemos cultivar, proteger y disfrutar, en el respeto mutuo, los Derechos Humanos.
En tal sentido participar en un FORO de DERECHOS HUMANOS es como asistir a una  MESA DE CONVITE en la que cada invitado llevará las mejores viandas,  frutas y bebidas. La idea es organizar un BANQUETE  de Derechos y Deberes y nutrirnos de los ingredientes fundamentales para la vida en sociedad, como si dijéramos el AGUA DE MANANTIAL es al cuerpo humano lo que el Derecho a la VIDA es al Ser social (relación individuo-colectivo); las MIELES y las FRUTAS representarían el Derecho de los Niños y Niñas; los CEREALES, los Derechos Jurídicos… o llenarnos de PROTEÍNAS con los Derechos del Individuo en Comunidad; comer CARBOHIDRATOS con los Derechos económicos, sociales y culturales … masticar VITAMINAS con los Derechos a la libertad de pensamiento, de conciencia y de Religión… ingerir GRASAS con el Derecho Internacional Humanitario.

Pero los comensales constructores de este BANQUETE, aún en ciernes en La Guajira, que exige buena templanza en la digestión, ya han venido sembrando parte de los alimentos que reclamamos en la Mesa… muchos de ellos se han insolado y enfermado cultivando estos nutrientes que a gritos pedimos disfrutar… les mencionaré algunos de ellos, estamos hablando de los labradores del COMITÉ DEPARTAMENTAL DE PAZ y CONVIVENCIA DE LA GUAJIRA:

JIEYUU SUTCHIN WAYUU: Representada por Evelin Acosta y Jazmín Romero. Trabaja en la defensa de los DDHH de las comunidades Wayuu, por la autonomía territorial a lo largo de la tierra ancestral Wayuu –“Woumainkat”- y el respeto de los derechos de la mujer indígena… entre otras conquistas.

WAYUU  MUNSURRAT MUJERES TEJIENDO PAZ: Lideradas por las hermanas Débora y Telemina Barros Fince. Adelantan un largo proceso de reparación de víctimas del conflicto colombiano en el territorio Wayuu; desde el 2004 vienen generando diálogos alrededor de la equidad de género y del respeto a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas y la expulsión del territorio Wayuu de todos los grupos armados ilegales que la han invadido.

ALEJIA WAKUWA’IPA: Dirigida por la hermanas Carmita y María Tiles Tiller. Trabajan en un proceso de restitución de tierras ancestrales (las No Resguardadas), en medio de conflictos de posesión frente a grupos de Poder y a los Gobiernos locales, especialmente en el municipio de Maicao.

FUMICRISGUA: Fundación de Mujeres Cristianas por la Paz y la Convivencia de La Guajira, coordinada por Danny Mariela Viecco. Desarrollan actividades educativas técnicas entorno a los Derechos y Deberes en las mujeres cabeza de familia en los municipios de Riohacha y Dibulla.  Promoción de los Valores Humanos.

ASOCANDES: Juan Galván es el líder de esta asociación de campesinos del municipio de Dibulla. Hoy presentan varios proyectos de micro-empresarismo alrededor de pequeños cultivos. Muchos de sus miembros se encuentran amenazados y dos de ellos fueron asesinados, en las orillas del río Jerez, el pasado Sábado 21 de Julio.

ASOVIDEVUL: Asociación de Víctimas y población Vulnerable Departamental. Conducida por Maribel García. Ha logrado la creación del Centro de Atención a las Víctima en el municipio de El Molino para atender a toda la población afectada por el conflicto armado del sur-centro de La Guajira.

ACOOSATBA: Cooperativa campesina del Municipio de Barrancas. A cargo de José Rodríguez, esta Cooperativa desarrollan programas de asistencia en proyectos productivos y capacitación en participación ciudadana.

ASOCIACIÓN GASILE: Su dirección está a cargo de Ana Turizo. Lidera procesos de resocialización de las familias en situación de desplazamiento y víctimas del conflicto armado en los asentamientos comunales de los cascos urbanos municipales.

CUT: La Central Unitaria de los Trabajadores, representada en el señor Edilberto Contreras, participa con asistencia en información laboral  y dinámica de participación ciudadana entre los grupos y las asociaciones comunitarias activistas en el proceso de defensa de los Derechos Humanos.
PASTORAL SOCIAL: El Secretariado Nacional de Pastoral Social de la  Diócesis de Riohacha cuenta con la interlocución de Julio Salas, y lidera programas de asistencia profesional interdisciplinaria en los distintos sectores sociales y en especial atención a la población vulnerable de La Guajira. Contribuye con la organización de espacios para los encuentros del CODEPAZ y dinamiza las convocatorias.

FUNDACIÓN ANSAR: La Fundación  Ansar, creada por líderes musulmanes de Maicao, representada por Pedro Delgado Moscarella y Omar Elsener, actúa bajo los postulados de la interculturalidad respetuosa. Divulga los elementos estructurales de la cultura Árabe y organiza espacios para el diálogo interreligioso en la población general. De igual manera aboga por el fortalecimiento de los Derechos Humanos y el respeto a la diversidad cultural a lo largo y ancho del departamento de La Guajira.

ORG. PODER CIVIL.SALVAGUARDA DE RIOHACHA: La Organización Poder Civil. Salvaguarda de Riohacha, dirigida por el señor Vittorio Pérez Ballesteros y delegada en Miguelángel López-Hernández y Miketh Bilbao, es una instancia cívica conformada por hombres y mujeres habitantes de la capital guajira para diseñar programas y estimular acciones que redunden en la reflexión colectiva y en la solidaridad ciudadana, que contribuyan al empoderamiento de la población alrededor de los valores humanos, sus derechos y deberes, la participación, la corresponsabilidad y las cualidades culturales del orgullo regional.   

RENACER (Asociación de víctimas del conflicto armado y recuperación del tejido social): Dirigida por Vielka Viecco. Impulsa programas de capacitación en microempresarismo en la población en situación de desplazados y vulnerables, en el municipio de Dibulla, así como jornadas de integración y de convivencia en los valores espirituales y religiosos cristianos. Su centro de operaciones tiene sede en el corregimiento de Mingueo.

RED DE MUJERES DEL CARIBE (Sede Guajira): Representada por la líder Carmen Sánchez, desarrolla encuentros de reflexión sobre la equidad de género y de estímulo a la participación ciudadana de mujeres madres cabeza de familia, en situación de desplazamiento, en discapacidad física, bajo condición de amenazas y representantes de comunidades étnicas, no sólo en el departamento de La Guajira sino también en el resto de la costa caribe colombiana.
ASODEP: (Asociación de capacitación y ayuda a personas desplazadas y vulnerables del municipio de Dibulla). Adelantan trabajos de tipo asistencial en formulación de proyectos productivos y ayuda psicosocial entre sus miembros. Está conformada por representantes de 182 familias provenientes de distintos orígenes geográficos del país.
C.C.M.M.: (Consejo Comunitario de Mujeres de Maicao). Organización comunitaria fronteriza liderada por la señora  Maritza Deluque Márquez. Promueve, a través de programas pedagógicos, la participación política de las mujeres en sus distintas dimensiones: Juveniles, Adulto madres solteras y cabeza de familia, en discapacidad física y en el sector poblacional del Adulto mayor. Incentivan y multiplican la participación, en cursos y talleres, sobre la transversalidad de las políticas de género a lo largo y ancho del municipio de Maicao.
FUNDACIÓN PEZCARTE: Coordinada por la docente y escritora Lindantonella Solano, la Fundación dedica sus esfuerzos en proyectos de promoción y acceso al arte para la población infantil del Municipio de Riohacha. De igual manera se destaca en la organización de encuentros para el fortalecimiento del derecho a la equidad de género y el enfoque diferencial tanto en los programas institucionales como en iniciativas comunitarias.
Todas ellas son fuerzas colectivas asociadas para profundizar la solidaridad y el trabajo mancomunado entre la sociedad civil y los gobiernos departamentales y municipales. Este proceso nos obliga a acercarnos, como Comité Departamental de Paz, a otras corrientes de participación ciudadana y de inclusión  social en el territorio guajiro, como:
*Junta Mayor de Palabreros Wayuu *Mesa de Concertación Wayuu *Asociación Afroguajira *Asociación Asorroblistas (Movimiento de Afrodescendientes con énfasis cultural) *Mocider (Movimiento ciudadano de Desarrollo por Riohacha) *Aciguasú (Asociación de Autoridades Wayuu del Sur de La Guajira)*Resguardo Wayuu Provincial (Barrancas) *Resguardo Wayuu de El Zaíno (Barrancas) * Resguardo Wayuu Mayablangoma (Fonseca) *Comité Departamental de Comunales *Asociación Departamental de Desplazados *Cabildo Indígena Zenú de Maicao y Riohacha *Delegación Wiwa de SEGOWINDÚA *Delegación Wiwa de YUGUMAIN *Veeduría Ciudadana Universitaria *Movimiento de Etnoeducación Wayuu *Movimiento Comité Cívico Departamental en Defensa del Río Ranchería y el Manantial de Cañaverales *Movimiento Ciudadano de Igualdad del sector de LGTBI *Asociación de Víctimas -“Sí se Puede”- (Urumita)… entre otras.

El máximo desafío de este acercamiento es lograr la articulación de las distintas fuerzas proactivas de la sociedad civil de La Guajira. Una vez alcanzada esta meta podemos imponer las virtudes colectivas sobre las limitantes y vanidades individuales.

Termino con decirles otra metáfora, esta proveniente de la oratoria Wayuu de los Pütchipü’üi, que comparan la vida con una niña de 15 años:

“Sobrino, la Vida es una niña de 15 años… hermosa, llena de energía, pletórica de salud, con posibilidad de ser todo fertilidad… o tal vez no. Por ello hay que cuidar la Vida como cuidamos, protegemos y queremos a una niña de 15 años… lo que esa niña tiene de salud y buenos valores… eso es la Paz. La buena salud de esa niña… viene siendo, entonces, la Paz. Si no tenemos la Paz, entonces, la salud de la niña se daña, se pierde… y así se puede morir la vida.”
Así, como los Pütchipü’üi, decimos que mientras estemos vivos siempre tendremos 15 años… y para que esa niña sonríe y mantenga su belleza es necesario tener salud… el ANAASÜ… y esa salud se sostiene en la PAZ… y la Paz en el respeto y el libre desarrollo de los DERECHOS HUMANOS.

Anayaawatse

Miguelángel López-Hernández

Coordinador CODEPAZ

Riohacha (Süchiimma) 24-VII-2012