miércoles, 16 de junio de 2010

Declaración de los Pueblos Indígenas y Negros en el Seminario del PLCB: Territorios y Efectos del Conflicto Armado Sobre los Grupos Étnicos


Foto lidereza Telemina Barros Cuadrado,

Bogotá 11 de junio de 2010

TODO ES TERRITORIO Y EL TERRITORIO LO ES TODO

Las organizaciones negras e indígenas presentes en este seminario y en representación de procesos territoriales y de organizaciones nacionales después de un debate profundo sobre su situación de vulnerabilidad en medio del conflicto armado quieren presentar de manera conjunta, junto a otros sectores de la sociedad civil, la siguiente declaración:


PRIMERO – PROBLEMATICAS

- El grado de vulnerabilidad que vienen sufriendo los pueblos indígenas y negro en sus territorios por causa del conflicto armado alcanza niveles graves de desproporción que han puesto su vida, su territorio y su cultura en situación cercana a su desaparición y exterminio. - Todos los derechos de los pueblos y de sus territorios están siendo vulnerados por parte de los actores del conflicto. Los sitios sagrados, las escuelas, las veredas y caseríos, toda la vida social y comunitaria está siendo militarizada. La fuerza de las armas del Estado y de los grupos ilegales imponen regímenes de miedo y sumisión, involucrando y promoviendo de múltiples formas a las poblaciones para que colaboren y apoyen sus proyectos de guerra y destrucción. De manera consecuente al interior de los grupos étnicos existen poblaciones que por su vulnerabilidad reciben con mayor fuerza los efectos del conflicto, son ellas las mujeres, los niños y las niñas, los jóvenes, los adultos y adultas mayores y los discapacitados. - La seguridad democrática que tantos logros dice mostrar no existe en los territorios colectivos ancestrales, mas por el contrario se han exacerbado los riesgos, dejando una estela de desarraigo territorial, de confinamiento y de dependencia ante poderes de régimen autoritario. - La gobernabilidad está comprometida, la autonomía amenazada y la posibilidades de emprender un camino de fortalecimiento de la autoridad tradicional y de los gobiernos propios es cada vez más difícil. Las propuestas de política pública no tienen un enfoque de derechos para los pueblos, mas por el contrario se busca recortar, con estas políticas, la capacidad de respuesta y resistencia a leyes que tiene un claro propósito de despojo y destrucción.
SEGUNDO - SEMINARIO

- Este seminario ha sido una oportunidad para conocer la situación de los pueblos en medio de la guerra, para compartir experiencia de resistencia y lucha por los territorios y los derechos colectivos y para intercambiar propuestas que ayuden a proteger y fortalecer los procesos. Igualmente hemos avanzado en la construcción de procesos para incidir de manera directa en la construcción de políticas con enfoque diferencial y garantes de los derechos colectivos y territoriales. - Reconocemos la importancia de este espacio, de lo que significa un dialogo tripartito entre sociedad civil, gobierno y comunidad internacional, porque es allí donde es posible tramitar discusiones y diálogos políticos que ayuden a conocer las diferencias de enfoque y de política, pero también a poner a consideración propuestas e ideas creativas que ayuden a superar obstáculos y retrocesos en el camino de defender los derechos colectivos de los pueblos. - Lamentamos no haber podido concretar una declaración conjunta, sin embargo estamos abiertos a continuar discutiendo con el gobierno y la comunidad internacional los mecanismos y las salidas de índole políticas y estructurales que garanticen nuestra pervivencia.
TERCERO - PROPUESTAS

- Hemos llegado a configurar una serie de propuestas que nos ayudan a ir construyendo visiones y estrategias interétnicas, que concertadas con otros sectores de la sociedad civil nos habilitan para continuar fortaleciendo procesos de concertación entre los pueblos que sirvan para promover el respeto por la vida y por la diversidad. Estas propuestas son:
1.Promover la construcción de un Programa de Protección de Tierras para pueblos indígenas y negros que contenga componentes en temas de titulación, saneamiento y compra de tierras, así como un plan de devolución y restitución de territorios despojados por causa de la violencia. Este debe ser formulado en el ámbito del cumplimiento de los autos de la Corte Constitucional.


2.Exigir la desmilitarización de los territorios por parte de todos los actores armados. Igualmente rechazar el impacto negativo que han significado las acciones cívico-militares de la Estrategia de Recuperación Social que han profundizado el involucramiento de las comunidades en el conflicto armado.


3.Rechazar todo tipo de intervención económica legal o ilegal en los territorios ancestrales. Igualmente rechazar las políticas encaminadas a promover acciones de despojo territorial, las que, además de no haber sido consultada con los pueblos, facilitan desde la legalidad el ingreso de proyectos contrarios a la visión de desarrollo de las comunidades indígenas y negras.


4.Exigir la revocatoria de la directiva presidencial 001 de 26 de marzo de 2010 ya que desconoce los estándares internacionales sobre la Consulta Previa. Avanzar decididamente en el proceso de reglamentación del proceso de Consulta Previa a partir del proyecto de ley que el gobierno presentará en el Congreso de la Republica. Este procedimiento deberá ser parte de un proceso de consulta territorial amplia, incluyente y suficientemente informada.


5.Promover la revisión inmediata de todos los permisos, trámites, concesiones y demás actuaciones administrativas que tengan como lugar de implementación los territorios de las comunidades negras e indígenas.


6.Rreconocer los esfuerzos de la justicia, y de manera particular de la Corte Constitucional, en tutelar los derechos de la población desplazada, y dentro de ésta a los grupos étnicos como poblaciones impactadas de manera desproporcionada a causa del conflicto armado. En ese espíritu, es necesario profundizar los instrumentos encaminados a promover la salvaguarda y la protección de los grupos étnicos y de las poblaciones más vulnerables dentro de ellos.


7.Fortalecer agendas que permitan tramitar el seguimiento al estado de cumplimiento por parte del Estado a las recomendaciones de los diferentes mecanismos internacionales que buscan proteger y garantizar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y negros, y de los aspectos que en estos se refieren a los derechos de las mujeres. Entre estas recomendaciones resaltamos aquellas surgidas de las visitas de los relatores especiales de UN para cada pueblo.


8.Avanzar en la definición de políticas públicas con enfoque diferencial encaminadas hacia el esclarecimiento de la verdad de las graves violaciones infringidas a las comunidades en sus territorios, sobre mecanismos de reparación integral y colectiva y la garantía de que los victimarios respondan ante la justicia. Todo esto sobre la base de que se garantice la no revictimización y la garantía de no repetición. Promovemos la conformación de una Comisión de la Verdad independiente para los pueblos indígenas y negros.


9.Promover políticas y programas encaminados a fortalecer los planes de vida y planes de etnodesarrollo de las comunidades indígenas y negras con un claro enfoque de genero, que garanticen el ejercicio pleno de su autonomía, gobernabilidad e identidad cultural, afectadas en la relación con los entes territoriales y amenazadas por los actores armados. Así como para garantizar la identidad cultural, los derechos ancestrales sobre sus territorios, la protección de la propiedad intelectual colectiva y su patrimonio ambiental.


10.Invitar a la comunidad internacional para que acompañe y promueva estas propuestas así como reconocer su papel de buenos oficios en este diálogo tripartito del Proceso Londres Cartagena Bogotá e invitarlos a que continúen promoviendo estos escenarios de fortalecimiento de la democracia y la construcción de la paz. Solicitar igualmente de su parte espacios de discusión sobre el tipo de cooperación que se implemente en los territorios de las comunidades indígenas y negras que permitan garantizar intervenciones consensuadas y eficaces.

http://www.onic.org.co/actualidad.shtml?x=36625

miércoles, 9 de junio de 2010

Nuestra solidaridad y fortaleza abrazan, acompañan y respaldan a nuestra lidereza y compañera indígena AIDA MARINA QUILCUE VIVAS y a su pequeña hija

Compañera AIDA las lidereza Wayuu Mujeres Tejiendo Paz, la acompañamos y nos solidarizamos con su familia, nuestras fuerzas desde el viento del desierto estara con usted Compañera NO SE LE OLVIDE NOSOTRAS ESTAMOS CONTIGO.




EL Consejo Nacional de Mujeres Indígenas y la Consejería de Mujer Familia y Generación de la ONIC, analizamos la situación de la compañera indígena AIDA QUILCUE y su hija, con ocasión de la audiencia de juzgamiento que se realiza por el asesinato del señor EDWIN LEGARDA, esposo y padre de nuestras hermanas indígenas.

Como es de conocimiento público, la muerte del señor LEGARDA ocurrida en diciembre de 2008, se suma a los más de 1.500 asesinatos de indígenas sucedidos de manera sistemática entre el 2002 y el 2009.

Este crimen ocurre en el contexto de violencia que amenaza con el exterminio físico y cultural a más de 64 pueblos indígenas, motivo por el cual en octubre de 2008, se realiza la Minga Nacional de Resistencia Indígena y Nacional, liderada, entre otros, por la primera consejera mujer del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) Aída Quilcue.

Como autoridades, el Consejo Nacional de Mujeres indígenas y la Consejería de Mujer Familia y Generación expresamos nuestra más sentida preocupación por los siguientes hechos:

Que nuestra compañera AIDA QUILCUE, en este proceso es objeto de múltiples formas de discriminación, en especial, por su condición de indígena y de mujer, lo cual se evidencia en la implementación de una estrategia dirigida a acabar con su vida íntima y familiar, lastimándola emocionalmente y poniendo en duda su honorabilidad. Denunciamos el hecho de que las autoridades concernidas no han realizado ninguna acción para preservar su derecho a la intimidad.

Asimismo, preocupa que un país que consagra constitucionalmente el respeto y reconocimiento de las diversidades, se cuestione de forma irresponsable la actuación de las autoridades indígenas en el ejercicio de sus funciones, en el momento de los hechos relacionados con el asesinato del compañero EDWIN LEGARDA, en aplicación de la Jurisdicción Especial Indígena.

Preocupa también, que el sistema penal acusatorio imposibilita cualquier intención de coordinación entre la justicia indígena y la justicia nacional, lo que evidencia un claro desconocimiento del derecho propio de los pueblos indígenas, fundamentado en nuestra cosmovisión, idioma y espiritualidad.

Denunciamos que, ningún sistema judicial en Colombia se ha preocupado por resolver el manto de impunidad que se cierne sobre nuestros pueblos indígenas y que se expresa en innumerables pérdidas de vidas humanas que nos afectan individual y colectivamente; es lamentable que con más de 1500 asesinatos denunciados sólo se hayan emitido 6 sentencias condenatorias.

Exigimos que las autoridades comprometidas en este proceso garanticen de forma efectiva el derecho a la vida, a la integridad y a la intimidad de las compañeras AIDA y MAYERLY, quienes además han sido víctimas de agresiones y amenazas.

Confiamos en que las autoridades judiciales actúen en JUSTICIA por la dignidad y la pervivencia de los pueblos indígenas

http://www.onic.org.co/actualidad.shtml?x=36621

martes, 8 de junio de 2010

miércoles, 2 de junio de 2010

No hubo consulta previa de Corpoguajira: primera conclusión en tema de Portete


Miércoles, 02 de Junio de 2010 05:00


En una nueva reunión efectuada en las instalaciones de la Procuraduría Regional de La Guajira, en la mañana de ayer, entre la comunidad de Portete, Alta Guajira y la Corporación Autónoma de La Guajira, Corpoguajira, teniendo como garante a la Procuradora Regional, se concluyó con un paso en contra de la máxima autoridad ambiental del Departamento.


La reunión fue promovida por el inconformismo de un sector de la comunidad, que se opone a un proyecto de plántulas ejecutado por una ONG Campesina Ambiental de Palomino, dirigida por Miguel Rosado, contratada por Corpoguajira.

Para tal fin la Corporación Autónoma debió contar con el aval de la máxima autoridad indígena del territorio y luego socializar el proyecto, pero según la primera conclusión de la reunión de ayer, no hubo consulta previa de Corpoguajira y la socialización se efectuó luego de iniciada la ejecución del proyecto.

Al margen de la situación se presentó un debate sobre la verdadera autoridad del territorio, que en principio reposó en el nombre de Juan Epinayú, pero posteriormente se comprobó que quien tiene bajo su cargo el mando es Agustín Fince Epinayú.

Ambos líderes wayuu fueron confrontados ayer y se concluyó que el segundo, a quien no se le había mencionado sobre el proyecto, es autónomo sobre las acciones que se desarrollen en Portete.

La insistencia de las partes

Corpoguajira, quien al parecer resulta mayormente afectado dentro de la discusión, fue representada por su director Arcesio Romero Pérez y sus asesores jurídicos, quien presentó ante la comunidad de Portete y la Procuradora Regional sus descargos.

“Corpoguajira trae un mensaje de paz. Dejamos claro que sí realizamos la socialización con la comunidad de Portete”, indicaron los representantes de Corpoguajira.

El sector inconforme de la comunidad de Portete entregó pruebas que demostraron la vigencia de Agustín Fince como máxima autoridad indígena de Portete, soportándose con documentos del Ministerio del Interior.

Intervención neutral

La procuradora regional de La Guajira, Carmen Beatriz de Vega de Martínez, señaló que no eran 42 mil las plántulas sembradas en Portete y que le daba la sensación que “alguien había generado un daño mayor al de las hermanas Barros”.

Por su parte, el jefe de investigación de la Fiscalía, Roberto Hernández, indicó que luego de la denuncia interpuesta por Miguel Rosado, “un investigador se desplazó hasta el lugar para la verificación”, por lo que elaboraron un informe y “ya será entregado al fiscal que lleva el caso”.

Por su parte, el secretario de Asuntos Indígenas de Uribia, José Velásquez, señaló que las autoridades indígenas wayuu son vitalicias, o sea hasta que mueran o presenten caso de demencia.

http://www.diariodelnorte.net/generales/regionales/2812-no-hubo-consulta-previa-de-corpoguajira-primera-conclusion-en-tema-de-portete.html