viernes, 12 de octubre de 2012

El Proceso de Articulación y Fortalecimiento de Redes Territoriales de Víctimas y Las Voces de las Victimas



viceministro de justicia, Miguel Samper, Silvia Rucks, Directora de Pais PNUD
Comité Estratégico, Octubre  8 de 2012
Señoras y señores representantes del Gobierno Colombiano,
Señoras y señores representantes de las instituciones del Estado,
Señoras y señores representantes de la Comunidad Internacional,


La propuesta  de Fortalecimiento y Articulación de Redes Territoriales de Víctimas del Programa Promoción de la Convivencia que se desarrolla desde el año 2009, cuenta con la activa participación de organizaciones de victimas y organizaciones acompañantes que conforman 18 Equipos Promotores con presencia en 18 territorios del país y que a fecha de hoy cuenta con  917 organizaciones articuladas.
El trabajo que realizamos en las regiones incluye el fortalecimiento de nuestras organizaciones y el de sus líderes y lideresas, el análisis de la situación de las víctimas y sus necesidades que aunque puedan tener a menudo rasgos comunes, son diferentes en cada territorio; la realización de espacios de reflexión en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición; la interlocución, diálogo y construcción de propuestas para las instituciones del nivel local, departamental y nacional encargadas de la atención y reparación a víctimas; la puesta en marcha de ejercicios de memoria histórica etc.  Desde los Equipos Promotores, nos articulamos con las organizaciones de nuestros departamentos o territorios para procurar que, en estas actividades, participen el mayor número posible de organizaciones. Buscando generar y fortalecer redes territoriales que,  a su vez, se conforma como una red nacional. Hoy estoy aquí como vocera de este proceso para traer desde las regiones a esta mesa de diálogo las voces de las víctimas y darles a conocer algunos de nuestros puntos de especial preocupación y algunas de las propuestas y recomendaciones que hemos elaborado conjuntamente.  
En el marco de esta propuesta, las organizaciones de víctimas que la conformamos hicimos un ejercicio de recolección de información en todos los territorios para extraer (mediante un trabajo de campo, reuniéndonos con las organizaciones en cada municipio y unificando y analizando la información) una agenda común de temas de gran preocupación o impacto en los territorios y que se han convertido en los puntos centrales de nuestro trabajo de fortalecimiento (individual y organizacional, de incidencia, de memoria histórica etc.):

-          Desaparición Forzada.

-          Violencia Sexual.

-          Restitución de tierras.

-          Desplazamiento forzado.

-          Memoria histórica.

-          Reparación integral.

-          Protección: lamentablemente, trabajando por y para las víctimas asumimos un riesgo que nos afecta en la vida diaria, que se extiende a nuestras familias y que ha costado a la vida a muchos compañeros y compañeras. Repito: les ha costado la vida. Y sin embargo, seguimos sufriendo amenazas, atentados, presiones y por tanto, tomando las medidas que podemos para protegernos y reclamando siempre al Estado la obligación que tiene de garantizarnos la seguridad y la integridad

Estos temas, han sido objeto de análisis y de trabajo por las organizaciones en cada territorio para después tratarles en 23 espacios de diálogo realizados hasta la fecha. Estos espacios de diálogo son diseñados, preparados y organizados por las propias organizaciones y convocamos a la institucionalidad local (y a la cooperación internacional del territorio, si la hay) para crear o fortalecer un diálogo permanente con ellos y para que nuestros puntos de vista, nuestras demandas, nuestras opiniones y nuestras propuestas sean escuchadas. En esos espacios de diálogo territorial buscamos construir acuerdos con la institucionalidad y que se alcancen compromisos que redunden en la restitución de nuestros derechos. Entendemos que esos Espacios de Diálogo no son un evento, sino parte de un proceso pues nuestro trabajo se centra posteriormente en hacer seguimiento a esos compromisos para comprobar que lo que se acuerde se convierta en realidad. Las víctimas sabemos que es fácil hablar y prometer, pero que más difícil es cumplir.  Y hoy estoy aquí en ese espacio de diálogo con la misma intención.

El trabajo de incidencia que hemos desarrollado en los territorios a través de este proceso ha conseguido tener impacto en las regiones y me gustaría mencionar algunos:

ü En Norte de Santander, la incidencia de las víctimas impulsó y logró la creación de la oficina departamental de atención a víctimas.

ü En el Putumayo,  ha logrado comprometer al gobierno de Mocoa en la creación un centro de atención similar para enero de 2013.

ü Se ha conseguido que las instituciones competentes organizaran jornadas de atención y registro a las víctimas residentes en Bogotá.

ü En el Cauca, se ha conseguido la participación de las organizaciones de víctimas en el diseño del Plan Departamental de Atención Psicosocial.

ü En el Cesar, se han facilitado acuerdos para la capacitación de las victimas con el SENA.
 
ü En Magdalena Medio, se han entregado propuestas específicas a la PGN sobre el daño colectivo y su medición con miras a lograr una reparación ajustada a derecho. También se ha establecido un  diálogo directo entre las víctimas de desaparición forzada y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desparecidas que asumió el compromiso de realizar una plenaria en el territorio para dar seguimiento a esa interlocución directa con las víctimas.  

ü En Nariño,  la interlocución permanente con la institucionalidad ha posibilitado el desarrollo de jornadas de atención a víctimas y espacios de rendición de cuentas sobre los avances en la implementación de la Ley 1448 y en alianza con la Alcaldía de Pasto se ha acordado el acompañamiento de la oficina de atención a víctimas. 

ü En el departamento del Magdalena, en articulación con la alcaldía de Santa Marta se ha definido la  construcción de la casa de la mujer con el fin de atender a las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y la construcción de propuestas especificas sobre verdad, justicia y reparación para los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

ü Se ha visibilizado la situación de las víctimas del Chocó a los Alcaldes y personeros de 28 municipios del departamento.  

ü En  Santander, se creó un Comité Departamental de Víctimas que realizó incidencia para lograr la instauración de un Tribunal de Justicia y Paz en la región.

ü En la Guajira, la incidencia de las impulso y logro la creación de la oficina de atención integral a las víctimas en el municipio del Molino, ha logrado comprometer al gobierno del municipio de Uribía en la creación de un centro de atención integral a víctimas y además de comprometer y lograr incluir en su plan de desarrollo el Retorno de la comunidad de Portete, en el Municipio de Riohacha se comprometen a la creación del centro regional a las víctimas, resaltando la participación en comité de justicia transicional a nivel municipal, departamental y espacio Nacional. Las organizaciones que han adelantado trabajo con el programa de promoción de la convivencia.

Así mismo, a nivel nacional esta red de víctimas realizó 155 recomendaciones concretas al borrador de la Ley de Víctimas y a su Decreto Reglamentario de las cuales aproximadamente la mitad tuvieron fueron recogidas (en diferentes grados) en su  texto final. Así mismo, recientemente hemos realizado un análisis conjunto para formular observaciones al borrador del protocolo de participación de víctimas que serán entregadas próximamente a la Unidad de Víctimas a través del PNUD.


En definitiva, desde las organizaciones creemos que este proceso de fortalecimiento y articulación de redes territoriales de víctimas, nos ha permitido generar y fortalecer, de manera independiente, canales y espacios de comunicación que buscan profundizar en la relación de confianza entre las propias organizaciones de víctimas, y entre las organizaciones de víctimas y la institucionalidad en los distintos niveles territoriales. Sirviendo también como un puente de articulación, consulta y diálogo para numerosos temas de política pública relacionados con la exigibilidad de sus derechos.

Reconociendo los avances conseguidos en los últimos años, las víctimas del conflicto armado queremos lograr una participación plena, activa y efectiva en todos los procesos: tanto en la construcción e implementación de la política estatal como en los procesos sociales, administrativos y judiciales. El acceso a la Justicia sigue presentando barreras estructurales que deben ser superadas para que podamos ejercer y ver satisfechos nuestros derechos. Barreras estructurales del propio sistema de Justicia en Colombia  o barreras estructurales basadas en la precaria situación de vida de la mayoría de las víctimas. Entre todas, hacen que las barreras sean a veces insuperables para que una víctima pueda tener conocimiento y acceso a los procesos judiciales que le son relevantes. Esto es especialmente grave en la Colombia Rural.

A lo largo del trabajo que he mencionado en los territorios por mis compañeros y compañeras de la red de víctimas y en el marco de espacios de trabajo con las organizaciones y en los espacios de diálogo se han establecido algunas propuestas para el ejercicio pleno de la participación y de los derechos de las víctimas que quiero traer a esta mesa en la que están reunidas algunas de las personas que tiene mayor capacidad de decisión del país en estos temas

· Es necesario impulsar reformas en las instituciones (especialmente en algunas regiones) para asegurar que la institución fomente y promueva una cultura de respeto de los derechos humanos y asegurar que el comportamiento de sus funcionarios y funcionarias se ajusta a ello. Es difícil, en muchas regiones, mantener o restablecer la confianza en las instituciones cuando hemos visto que, pese a los cambios en las leyes en el nombre de las instituciones, y probablemente en su intención y espíritu, el funcionario/a a cargo es la misma persona que ha habido siempre, con el mismo comportamiento y con las misma conexiones. Desde las organizaciones creemos que éste es un punto esencial para el que se deberían crear mecanismos y estrategias concretas. Haciéndolo, no solamente se fortalecería la capacidad de respuesta de la institución sino que es la única manera de hacer efectivas las garantías de no repetición y consolidar el Estado de Derecho.

· Es necesario destinar presupuesto específico para la atención, orientación y satisfacción de los derechos de las víctimas en las regiones y localidades que permita contar con los servicios que la Ley establece y con la infraestructura adecuada. Especialmente para que las víctimas puedan tener una atención psicosocial adecuada para la recuperación y superación de su trauma como para participar en los procesos. A menudo, el acompañamiento psicosocial lo hacemos entre nosotros, entre las organizaciones, entre vecinos y comunidades pero sin ningún acompañamiento de las Autoridades.

· Es importante insistir en una amplia difusión y divulgación de los procesos de reparación individual y de los planes de reparación colectiva y ligarlos a los niveles territoriales. Algo que  permita descentralizar la idea de que la satisfacción de los derechos depende de las políticas y directrices del nivel central. Para ello, se debe empoderar, capacitar y dotar de medios a las entidades territoriales.

· Es necesario que todas las instituciones implicadas (especialmente a nivel regional) valoren y presten la atención necesaria a espacios de participación no formales de las organizaciones de víctimas (diálogos tripartitos, ejercicios de memoria histórica, espacios de reflexión etc.), para que puedan comprender el contexto en su conjunto y prioricen el tema de víctimas en sus agendas de trabajo.

· Es fundamental generar una estrategia amplia de socialización del protocolo de participación de las víctimas y de su funcionamiento una vez se conozca su texto definitivo. De esta manera, las víctimas y sus organizaciones podrán familiarizarse con los espacios de participación y las posibilidades que ofrecen los mismos.   En este sentido, las instituciones responsables deber coordinar todos sus esfuerzos para que mediante un mensaje claro y con un lenguaje sencillo se apropien los contenidos de este texto y la participación sea activa y efectiva.

· Es imprescindible que podamos vivir y trabajar en un contexto de seguridad. Que nuestro trabajo como reclamantes o como líderes de procesos de restitución de derechos no nos convierta en objetivos de grupos armados, bandas criminales o grupos de poder aún presentes en las regiones y que aún tienen impacto en la institucionalidad. Es necesario que nuestras denuncias sea investigadas con celeridad, que arrojen resultados concretos que permitan reducir la impunidad en la que quedan los ataques que sufrimos y contribuir a prevenir nuevos atentados y amenazas.

Como vocera de este proceso de redes territoriales de víctimas, confiamos en seguir contando con el compromiso y disposición del Estado y con el respaldo de la cooperación internacional para que, desde las regiones apartadas y en el diálogo con instituciones a menudo reacias y prevenidas con las víctimas podamos seguir teniendo incidencia y fortaleciendo y acompañando a cada víctima del país para que logre su plena ciudadanía.

Gracias por la atención,
d
Debora Barros Fince.
Mutepaz