Comité Estratégico, Octubre 8 de 2012
Señoras y
señores representantes del Gobierno Colombiano,
Señoras y
señores representantes de las instituciones del Estado,
Señoras y
señores representantes de la Comunidad Internacional,
La
propuesta de Fortalecimiento y
Articulación de Redes Territoriales de Víctimas del Programa Promoción de la
Convivencia que se desarrolla desde el año 2009, cuenta con la activa
participación de organizaciones de victimas y organizaciones acompañantes que
conforman 18 Equipos Promotores con presencia en 18 territorios del país y que
a fecha de hoy cuenta con 917 organizaciones
articuladas.
El
trabajo que realizamos en las regiones incluye el fortalecimiento de nuestras
organizaciones y el de sus líderes y lideresas, el análisis de la situación de
las víctimas y sus necesidades que aunque puedan tener a menudo rasgos comunes,
son diferentes en cada territorio; la realización de espacios de reflexión en
materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición; la
interlocución, diálogo y construcción de propuestas para las instituciones del
nivel local, departamental y nacional encargadas de la atención y reparación a
víctimas; la puesta en marcha de ejercicios de memoria histórica etc. Desde los Equipos Promotores, nos articulamos
con las organizaciones de nuestros departamentos o territorios para procurar
que, en estas actividades, participen el mayor número posible de
organizaciones. Buscando generar y fortalecer redes territoriales que, a su vez, se conforma como una red nacional.
Hoy estoy aquí como vocera de este proceso para traer desde las regiones a esta
mesa de diálogo las voces de las víctimas y darles a conocer algunos de
nuestros puntos de especial preocupación y algunas de las propuestas y
recomendaciones que hemos elaborado conjuntamente.
En el marco
de esta propuesta, las organizaciones de víctimas que la conformamos hicimos un
ejercicio de recolección de información en todos los territorios para extraer
(mediante un trabajo de campo, reuniéndonos con las organizaciones en cada
municipio y unificando y analizando la información) una agenda común de temas
de gran preocupación o impacto en los territorios y que se han convertido en
los puntos centrales de nuestro trabajo de fortalecimiento (individual y
organizacional, de incidencia, de memoria histórica etc.):
-
Desaparición
Forzada.
-
Violencia
Sexual.
-
Restitución
de tierras.
-
Desplazamiento
forzado.
-
Memoria
histórica.
-
Reparación
integral.
-
Protección: lamentablemente, trabajando por y para
las víctimas asumimos un riesgo que nos afecta en la vida diaria, que se
extiende a nuestras familias y que ha costado a la vida a muchos compañeros y
compañeras. Repito: les ha costado la vida. Y sin embargo, seguimos sufriendo
amenazas, atentados, presiones y por tanto, tomando las medidas que podemos
para protegernos y reclamando siempre al Estado la obligación que tiene de
garantizarnos la seguridad y la integridad
Estos
temas, han sido objeto de análisis y de trabajo por las organizaciones en cada
territorio para después tratarles en 23 espacios de diálogo realizados hasta la
fecha. Estos espacios de diálogo son diseñados, preparados y organizados por
las propias organizaciones y convocamos a la institucionalidad local (y a la
cooperación internacional del territorio, si la hay) para crear o fortalecer un
diálogo permanente con ellos y para que nuestros puntos de vista, nuestras
demandas, nuestras opiniones y nuestras propuestas sean escuchadas. En esos
espacios de diálogo territorial buscamos construir acuerdos con la
institucionalidad y que se alcancen compromisos que redunden en la restitución
de nuestros derechos. Entendemos que esos Espacios de Diálogo no son un evento,
sino parte de un proceso pues nuestro trabajo se centra posteriormente en hacer
seguimiento a esos compromisos para comprobar que lo que se acuerde se
convierta en realidad. Las víctimas sabemos que es fácil hablar y prometer, pero
que más difícil es cumplir. Y hoy estoy
aquí en ese espacio de diálogo con la misma intención.
El trabajo de incidencia que hemos desarrollado en
los territorios a través de este proceso ha conseguido tener impacto en las
regiones y me gustaría mencionar algunos:
ü
En Norte de Santander, la incidencia de las
víctimas impulsó y logró la creación de la oficina departamental de atención a
víctimas.
ü
En el Putumayo,
ha logrado comprometer al gobierno de Mocoa en la creación un centro de
atención similar para enero de 2013.
ü
Se ha conseguido que las instituciones
competentes organizaran jornadas de atención y registro a las víctimas
residentes en Bogotá.
ü
En el Cauca, se ha conseguido la participación
de las organizaciones de víctimas en el diseño del Plan Departamental de Atención
Psicosocial.
ü
En el Cesar, se han facilitado acuerdos para la
capacitación de las victimas con el SENA.
ü
En Magdalena Medio, se han entregado propuestas
específicas a la PGN sobre el daño colectivo y su medición con miras a lograr
una reparación ajustada a derecho. También se ha establecido un diálogo directo entre las víctimas de
desaparición forzada y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas
Desparecidas que asumió el compromiso de realizar una plenaria en el territorio
para dar seguimiento a esa interlocución directa con las víctimas.
ü
En Nariño, la interlocución permanente con la
institucionalidad ha posibilitado el desarrollo de jornadas de atención a víctimas
y espacios de rendición de cuentas sobre los avances en la implementación de la
Ley 1448 y en alianza con la Alcaldía de Pasto se ha acordado el acompañamiento
de la oficina de atención a víctimas.
ü
En el departamento del Magdalena, en
articulación con la alcaldía de Santa Marta se ha definido la construcción de la casa de la mujer con el
fin de atender a las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto
armado y la construcción de propuestas especificas sobre verdad, justicia y
reparación para los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.
ü
Se ha visibilizado la situación de las víctimas
del Chocó a los Alcaldes y personeros de 28 municipios del departamento.
ü
En
Santander, se creó un Comité Departamental de Víctimas que realizó
incidencia para lograr la instauración de un Tribunal de Justicia y Paz en la
región.
ü
En la Guajira, la incidencia de las impulso y
logro la creación de la oficina de atención integral a las víctimas en el
municipio del Molino, ha logrado comprometer al gobierno del municipio de
Uribía en la creación de un centro de atención integral a víctimas y además de
comprometer y lograr incluir en su plan de desarrollo el Retorno de la
comunidad de Portete, en el Municipio de Riohacha se comprometen a la creación
del centro regional a las víctimas, resaltando la participación en comité de
justicia transicional a nivel municipal, departamental y espacio Nacional. Las
organizaciones que han adelantado trabajo con el programa de promoción de la
convivencia.
Así mismo, a nivel nacional esta red de víctimas realizó
155 recomendaciones concretas al borrador de la Ley de Víctimas y a su Decreto
Reglamentario de las cuales aproximadamente la mitad tuvieron fueron recogidas (en
diferentes grados) en su texto final.
Así mismo, recientemente hemos realizado un análisis conjunto para formular observaciones
al borrador del protocolo de participación de víctimas que serán entregadas
próximamente a la Unidad de Víctimas a través del PNUD.
En
definitiva, desde las organizaciones creemos que este proceso de
fortalecimiento y articulación de redes territoriales de víctimas, nos ha
permitido generar y fortalecer, de manera independiente, canales y espacios de
comunicación que buscan profundizar en la
relación de confianza entre las propias organizaciones de víctimas, y entre las
organizaciones de víctimas y la institucionalidad en los distintos niveles
territoriales. Sirviendo también como un puente de articulación, consulta y
diálogo para numerosos temas de política pública relacionados con la
exigibilidad de sus derechos.
Reconociendo
los avances conseguidos en los últimos años, las víctimas del conflicto armado
queremos lograr una participación plena, activa y efectiva en todos los
procesos: tanto en la construcción e implementación de la política estatal como
en los procesos sociales, administrativos y judiciales. El acceso a la Justicia
sigue presentando barreras estructurales que deben ser superadas para que
podamos ejercer y ver satisfechos nuestros derechos. Barreras estructurales del
propio sistema de Justicia en Colombia o
barreras estructurales basadas en la precaria situación de vida de la mayoría
de las víctimas. Entre todas, hacen que las barreras sean a veces insuperables
para que una víctima pueda tener conocimiento y acceso a los procesos
judiciales que le son relevantes. Esto es especialmente grave en la Colombia
Rural.
A lo
largo del trabajo que he mencionado en los territorios por mis compañeros y
compañeras de la red de víctimas y en el marco de espacios de trabajo con las
organizaciones y en los espacios de diálogo se han establecido algunas propuestas
para el ejercicio pleno de la participación y de los derechos de las víctimas
que quiero traer a esta mesa en la que están reunidas algunas de las personas
que tiene mayor capacidad de decisión del país en estos temas
· Es necesario impulsar reformas en
las instituciones (especialmente en algunas regiones) para asegurar que la
institución fomente y promueva una cultura de respeto de los derechos humanos y
asegurar que el comportamiento de sus funcionarios y funcionarias se ajusta a
ello. Es difícil, en muchas regiones, mantener o restablecer la confianza en
las instituciones cuando hemos visto que, pese a los cambios en las leyes en el
nombre de las instituciones, y probablemente en su intención y espíritu, el
funcionario/a a cargo es la misma persona que ha habido siempre, con el mismo
comportamiento y con las misma conexiones. Desde las organizaciones creemos que
éste es un punto esencial para el que se deberían crear mecanismos y
estrategias concretas. Haciéndolo, no solamente se fortalecería la capacidad de
respuesta de la institución sino que es la única manera de hacer efectivas las garantías de no repetición y consolidar
el Estado de Derecho.
· Es necesario destinar presupuesto específico para la
atención, orientación y satisfacción de los derechos de las víctimas en las
regiones y localidades que permita contar con los servicios que la Ley
establece y con la infraestructura adecuada. Especialmente para que las
víctimas puedan tener una atención psicosocial adecuada para la recuperación y
superación de su trauma como para participar en los procesos. A menudo, el
acompañamiento psicosocial lo hacemos entre nosotros, entre las organizaciones,
entre vecinos y comunidades pero sin ningún acompañamiento de las Autoridades.
· Es importante insistir en una amplia difusión y divulgación
de los procesos de reparación individual y de los planes de reparación
colectiva y ligarlos a los niveles territoriales. Algo que permita descentralizar la idea de que la
satisfacción de los derechos depende de las políticas y directrices del nivel
central. Para ello, se debe empoderar, capacitar y dotar de medios a las
entidades territoriales.
· Es necesario que todas las instituciones implicadas
(especialmente a nivel regional) valoren y presten la atención necesaria a espacios
de participación no formales de las organizaciones de víctimas (diálogos
tripartitos, ejercicios de memoria histórica, espacios de reflexión etc.), para
que puedan comprender el contexto en su conjunto y prioricen el tema de
víctimas en sus agendas de trabajo.
· Es fundamental generar una estrategia amplia de
socialización del protocolo de participación de las víctimas y de su
funcionamiento una vez se conozca su texto definitivo. De esta manera, las
víctimas y sus organizaciones podrán familiarizarse con los espacios de
participación y las posibilidades que ofrecen los mismos. En
este sentido, las instituciones responsables deber coordinar todos sus
esfuerzos para que mediante un mensaje claro y con un lenguaje sencillo se
apropien los contenidos de este texto y la participación sea activa y efectiva.
· Es imprescindible que podamos vivir y trabajar en un
contexto de seguridad. Que nuestro trabajo como reclamantes o como líderes de
procesos de restitución de derechos no nos convierta en objetivos de grupos
armados, bandas criminales o grupos de poder aún presentes en las regiones y
que aún tienen impacto en la institucionalidad. Es necesario que nuestras
denuncias sea investigadas con celeridad, que arrojen resultados concretos que
permitan reducir la impunidad en la que quedan los ataques que sufrimos y
contribuir a prevenir nuevos atentados y amenazas.
Como vocera de este proceso de
redes territoriales de víctimas, confiamos en seguir contando con el compromiso
y disposición del Estado y con el respaldo de la cooperación internacional para
que, desde las regiones apartadas y en el diálogo con instituciones a menudo
reacias y prevenidas con las víctimas podamos seguir teniendo incidencia y
fortaleciendo y acompañando a cada víctima del país para que logre su plena
ciudadanía.
Gracias por la atención,
d
Debora Barros Fince.
Mutepaz
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