EL Consejo Nacional de Mujeres Indígenas y la Consejería de Mujer Familia y Generación de la ONIC, analizamos la situación de la compañera indígena AIDA QUILCUE y su hija, con ocasión de la audiencia de juzgamiento que se realiza por el asesinato del señor EDWIN LEGARDA, esposo y padre de nuestras hermanas indígenas.
Como es de conocimiento público, la muerte del señor LEGARDA ocurrida en diciembre de 2008, se suma a los más de 1.500 asesinatos de indígenas sucedidos de manera sistemática entre el 2002 y el 2009.
Este crimen ocurre en el contexto de violencia que amenaza con el exterminio físico y cultural a más de 64 pueblos indígenas, motivo por el cual en octubre de 2008, se realiza la Minga Nacional de Resistencia Indígena y Nacional, liderada, entre otros, por la primera consejera mujer del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) Aída Quilcue.
Como autoridades, el Consejo Nacional de Mujeres indígenas y la Consejería de Mujer Familia y Generación expresamos nuestra más sentida preocupación por los siguientes hechos:
Que nuestra compañera AIDA QUILCUE, en este proceso es objeto de múltiples formas de discriminación, en especial, por su condición de indígena y de mujer, lo cual se evidencia en la implementación de una estrategia dirigida a acabar con su vida íntima y familiar, lastimándola emocionalmente y poniendo en duda su honorabilidad. Denunciamos el hecho de que las autoridades concernidas no han realizado ninguna acción para preservar su derecho a la intimidad.
Asimismo, preocupa que un país que consagra constitucionalmente el respeto y reconocimiento de las diversidades, se cuestione de forma irresponsable la actuación de las autoridades indígenas en el ejercicio de sus funciones, en el momento de los hechos relacionados con el asesinato del compañero EDWIN LEGARDA, en aplicación de la Jurisdicción Especial Indígena.
Preocupa también, que el sistema penal acusatorio imposibilita cualquier intención de coordinación entre la justicia indígena y la justicia nacional, lo que evidencia un claro desconocimiento del derecho propio de los pueblos indígenas, fundamentado en nuestra cosmovisión, idioma y espiritualidad.
Denunciamos que, ningún sistema judicial en Colombia se ha preocupado por resolver el manto de impunidad que se cierne sobre nuestros pueblos indígenas y que se expresa en innumerables pérdidas de vidas humanas que nos afectan individual y colectivamente; es lamentable que con más de 1500 asesinatos denunciados sólo se hayan emitido 6 sentencias condenatorias.
Exigimos que las autoridades comprometidas en este proceso garanticen de forma efectiva el derecho a la vida, a la integridad y a la intimidad de las compañeras AIDA y MAYERLY, quienes además han sido víctimas de agresiones y amenazas.
Confiamos en que las autoridades judiciales actúen en JUSTICIA por la dignidad y la pervivencia de los pueblos indígenas
http://www.onic.org.co/actualidad.shtml?x=36621
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