Primera Sesión de información técnica, prevista para verificar las medidas adoptadas por las autoridades competentes para superar el estado de cosas inconstitucional declarado en la Sentencia T-025, sobre desplazamiento interno de comunidades indígenas
Aquí ustedes están conociendo al pueblo Kofán que tuvo hace treinta años más de 25.000 habitantes, con los resultados de la exploración y explotación petrolera, hoy estoy convencido que sólo tienen menos de 2.000 habitantes, hay que mirar cómo en 40 años existe una reducción de más del 80% de su población, y además, hoy muchos de ellos se encuentran en el Ecuador, no en calidad de refugiados políticos, pero allá están.
De igual manera el pueblo Coreguaje, donde sus principales líderes fueron asesinados hace unos años y nos tocó a nosotros, como pueblos indígenas, organizar un acuerdo de paz con las FARC para que detuvieran el asesinado de 100 líderes que no manejaban el español, entonces aquí hay una diversidad, donde están los Nucak Bakú, que tienen menos de treinta años de relación con occidente.
Cada pueblo es distinto y el gobierno debe tener unas apreciaciones diferentes, en donde se debe tener en cuenta que hay algunos pueblos que son nómadas dentro de un territorio propio, y esta conceptualización hay que irla mejorando en todas las instancias porque se trascribe una sesión de información técnica a la Corte Constitucional, que es el guardián de los derechos fundamentales de todos los colombianos para que no se viole la constitución.
Seguido de eso decimos lo siguiente; hace menos de 500 años hubo el debate político e ideológico en Europa, en donde se planteó la interrogante sí los indios somos seres humanos o no somos seres humanos, Gines de Sepúlveda argumentó con mucha claridad que los indios no tenemos alma, pero el padre Francisco de Victoria sustentó con claridad que tenemos alma y somos seres humanos; entonces, a partir de ese instante, nosotros tenemos derecho a la libre determinación, al derecho natural y al derecho de gentes, por lo tanto el derecho de una guerra justa, que fue lo que se nos aplicó.
¿Pero hoy qué sucede? En Colombia se está aplicando y desarrollando nuevamente a los pueblos indígenas con el proceso de una guerra justa, estoy convencido que estamos en una etapa de guerra con el Estado mismo. Los jueces de la república también tienen que hacer un acto para reflexionar, para ver cómo se está desarrollando el proceso de guerra justa hacia las naciones indigenas.
Nosotros estamos velando por una constitución de derechos fundamentales, donde los acuerdos internacionales hacen parte del bloque de constitucionalidad pero estamos viviendo las consecuencias de la globalización, expresadas en un ajuste estructural del Estado, donde hay expulsión y pauperización del ser humano, y entre ellos estamos los seres humanos indigenas.
Todo esto cambia una eficiencia y una racionalidad económica, las cuales aumentan aceleradamente como lo señalan los distintos índices financieros, los cuales nos conducen a las naciones indigenas a los siguientes interrogantes; esta eficiencia, ¿es eficiente y transparente?, esta racionalidad económica ¿es racional? ¿La eficiencia para fabricar un megaproyecto en los pueblos indigenas es racional, aplicando la desaparición de los pueblos indigenas? Y Tenemos un caso emblemático, hasta el día de hoy el gobierno ha demostrado que no tiene la capacidad para aplicar, ni uno solo de los acuerdos que ha firmado el pueblo Embera Katio con el gobierno colombiano.
Llevamos décadas y el gobierno ya ha preparado la segunda fase de Urrá, no hay voluntad tampoco, hay incapacidad del gobierno para admitir los acuerdos en el caso de Urrá.
Nosotros tenemos que recordarles que en 1492 el pueblo Wiwa no existía, pero los pueblos indigenas sí estábamos, el pueblo Kogui o Wiwa, ya existía en 1492. ¿Cómo es posible que se ponga a discusión que Puerto Brisa no está en el territorio ancestral indígena, de dónde sale este argumento político para demostrar que los indígenas no estamos. Y no hay capacidad del gobierno para resolver esta situación. Los compromisos de adquisición de tierras del gobierno nacional con el norte del Cauca no es posible cumplirlos, y ya se demostró en la práctica y éste es otro ejemplo emblemático de que este gobierno no tiene capacidad de cumplir los acuerdos pactados.
Es bueno que el gobierno aclare a esta sala técnica de la Corte Constitucional si todos los acuerdos con los pueblos indígenas hacen parte del presupuesto nacional para el año entrante, debemos empezar por allí, cómo se hace parte del presupuesto nacional para resolver este problema. Lo que yo he escuchado hasta este momento es: tantos mercados, tantas comidas, tantos cupos en los colegios, pero ese no es el problema.
El problema es mas profundo. La vida humana hoy pierde sentido en los pueblos indígenas, y en el centro de nuestro ejercicio como ser humano concreto lo único a lo que aspiramos es a ser parte de una sociedad para vivir en un marco de lo fundamental, pero con dignidad, con la necesidad de satisfacer nuestras necesidades por igual, fundamentados en el derecho de la propiedad de nuestros territorios indígenas y el desarrollo de la vida en los resguardos indígenas (…) reconocidos luego de la guerra por la corona, luego por la república y ratificado y mejorado hasta el 91.
Pero desmantelada hoy la constitución por la actual estructura del Estado, hoy somos personas pertenecientes a las naciones indígenas pero estamos excluidos de la libertad política y económica, hemos perdido la paz, hemos pedido la felicidad, la alegría de los niños, hemos perdido nuestros bienes materiales, la cultura y ante todo la cosmovisión y el dominio sobre nuestra biodiversidad.
El Estado y el gobierno nos miran y consideran que somos incapaces de poseer algún tipo de propiedad, y por lo tanto no podemos hacer parte de la población civil. El Estado y el gobierno se burlan sistemáticamente de todas las recomendaciones de derechos humanos, de las entidades de derechos humanos de carácter internacional, se burlan de todos los acuerdos que ellos mismos firman y se ha levantado una legislación de guerra a los pueblos y naciones indígenas, expresada en la ley de desarrollo rural, en la ley de armas. Esto es una muestra de la propuesta gubernamental que legitima la segregación racial y el etnocidio, como lo veremos más adelante, con las propuestas de carácter minero y energético que nos van afectar a todos los indígenas.
Todo esto se está desarrollando en un manto ideológico de una guerra justa, de frente y sin dolor se están aplicando los derechos de un sistema globalizado por encima de los derechos humanos, donde no hay dignidad.
Señores miembros de la Corte Constitucional, se está destruyendo la base real del ser humano de las Naciones Unidas, nos están quitando la vida al quitarnos los medios, el territorio, la naturaleza nuestra espiritualidad y nuestro futuro.
Recuerdo que la guerra justa fue aplicada en América ya que se realizaban sacrificios humanos, la guerra justa fue aplicada en África para denunciar el canibalismo, la guerra justa se aplicó en la India para denunciar la quema de las viudas, y todo esto fue un sustento para conquistar el mundo que destruyó culturas y civilizaciones, cometió genocidios. Las víctimas somos culpables, los indígenas somos culpables de no asistir a reuniones, hoy los indígenas que somos víctimas somos culpables, por eso se aplican unas normas para ocultar nuestros derechos.
Hoy tenemos que confesarnos como culpables y pagar incluso con sangre, con entrega de nuestros bienes, expresados en territorio y con el acatamiento de megaproyectos.
Nos están viendo como opositores de transformaciones del Estado en su paso a la globalización, se está desarrollando una guerra justa para quitarnos los recursos naturales, ya sea por la parte energética o los recursos de la biodiversidad. Y aquí nos preguntamos, honorables miembros de la Corte Constitucional, ¿hay una nueva modalidad de aniquilamiento?
Hoy hemos perdido la libertad. Ya que tenemos la culpa de defender la aplicación de los derechos humanos y la defensa de los recursos naturales, por eso los Wayuú expresamos:
El desplazamiento es el desmantelamiento de las estructuras civiles, económicas, sociales, culturales, la autodeterminación de todos los pueblos indígenas, como el que vivimos hoy los Wayuú, por lo tanto, no compartimos que se nos obligue a marchar de nuestros territorios.
No estamos de acuerdo a que se preparen los pueblos para que puedan huir, como lo hacen las instancias gubernamentales.
No estamos de acuerdo a que se nos sensibilice al terror y las masacres.
No estamos de acuerdo con la sensibilización a vivir con las secuelas del desplazamiento. Debemos mejorar la estructura estatal de los derechos humanos.
Puedo concluir que hoy no hay política publica para los pueblos indígenas, creemos que la paz se hace con los enemigos y a los amigos lo que se hace es fortalecer los lazos, la paz se hace entre los enemigos de forma valiente, por lo tanto los Wayuú tenemos muy claro que (…). Los tratados de libre comercio no se encuentran aislados de la política energética mundial que se expresa en gas, viento y carbón.
Y hoy los seres humanos afectados, bajo la tutela del gobierno de Chávez, deben ser responsables del Estado. No es posible que los Wayuú desplazados estén siendo asistidos de forma voluntaria por el gobierno de Venezuela y no por nosotros mismos. Hay que organizar el retorno al territorio ancestral, con las garantías constitucionales, hay que mirar bien qué es lo que se está haciendo con la consulta de los pueblos indígenas. A los megaproyecto los pueblos indígenas no pueden decir que no, la constitución no prevé eso, y siguen habiendo asesinatos después de la desmovilización. Nosotros estamos cansados de la guerra.
Invitamos al gobierno nacional a sentarnos para hacer la paz, como enemigos que somos organicemos ese nuevo proceso de paz, como tuvo la gentileza el gobierno español de hacerlo en su momento, al admitir que somos seres humanos con alma.
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