Con un liderazgo apto, y determinacion firme para defender los derechos humanos,el respeto de la dignidad humana,la equidad, trabajar por las mujeres que han sido el blanco y han sufrido, por las victimas de las comunidades indigenas de la sociedad civil en marco del conflicto armado, la autodeterminación de los pueblos y el desarrollo social, comprometiéndonos a luchar por la unidad nacional y la solidaridad con tod@s, junto a los hermanos no indígenas solidarios a nuestra causa.
domingo, 18 de julio de 2010
Wayús hacen primer proceso de reparación indígena, tras masacre de 12 miembros de su comunidad
Foto: Martha Lucía Martínez
Débora, líder de la comunidad wayú de Bahía Portete, y los demás miembros de esa ranchería quieren regresar a sus tierras para que sus hijos vuelvan a correr por el desierto. En eso están trabajando para retornar
Así pretenden demostrar que no son secuestradores ni ladrones, como lo afirmó 'Jorge 40' y volver a sus tierras, en la Guajira.
La tarde del viernes 10 de abril de 2004, Débora Barros salió de su trabajo como inspectora de Policía del municipio de Uribia, ubicado en la Guajira colombiana, con el mismo anhelo de todos los fines de semana: ir a su ranchería a compartir con sus primos y tíos. No pudo llegar a su hogar y, cuando lo hizo, el domingo 12, fue para ayudar a identificar los 12 cuerpos que habían sido asesinados por los paramilitares de 'Jorge 40', 'Chema Bala' y 'Pablo'. "Vete que mataron a toda tu familia: no te dejes ver porque te matan a ti también" le dijo un vecino, pero ella sólo atinó a esconderse y a llamar a las autoridades locales.
Ni el alcalde de Uribia ni el gobernador de la Guajira de entonces atendieron el llamado de Débora. "Tu familia lo que se está es muriendo de hambre", dijeron. Según el estudio del observatorio del programa presidencial de derechos humanos y DIH, entre las víctimas se cuentan 4 niñas y 8 mujeres.
A partir de ese día, ella y 320 familias tuvieron que huir. Lo único que queda en Bahía Portete desde entonces son casas destruidas, vacías, y el cementerio.
Algunas víctimas se refugiaron en el olvido, Débora, sin embargo, decidió ir a Bogotá para iniciar un proceso de reparación.
"No estábamos de acuerdo con la ley, porque las penas son irrisorias. Además no contemplan casos de los pueblos indígenas y por eso en un principio decidimos mantenernos alejados de las instituciones" afirma Débora. Sin embargo, la necesidad de verdad y de justicia hizo que su comunidad se hiciera parte del proceso de Justicia y Paz.
El 22 de mayo de 2004 los indígenas redactaron un comunicado en el que denunciaban formalmente la masacre y culpaban a los grupos paramilitares del hecho. La Organización Nacional Indígena de Colombia -Onic- y el gobierno nacional ordenaron una visita en la que comprobaron que no era una hambruna, sino una matanza por parte de grupos organizados al margen de la ley.
A partir del reconocimiento institucional de la masacre y de la voluntad de las organizaciones indígenas por llevar a cabo la investigación, Débora y su familia decidieron vincularse al proceso a través de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR). "Nos llegó la invitación para la inauguración de la sede Valledupar de la CNRR y desde ahí comenzó un acercamiento más fuerte con ellos" afirma.
Los miembros de la comunidad comenzaron a asistir cumplidamente a las versiones libres y audiencias de paramilitares en Barranquilla, y a seguir el tema jurídico sin conseguir fruto alguno. Fueron casi 3 años de espera para que un vestigio de verdad asomara. En noviembre de 2007, Rodrigo Tovar Pupo, 'Jorge 40', reconoció ser el responsable de la masacre de Bahía Portete. "Los matamos porque se había identificado que se dedicaban al secuestro y al robo", afirmó.
Dos meses después, 'Jorge 40' fue extraditado a los Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico y, con él, se fue gran parte de la verdad para las víctimas de la masacre de Bahía Portete.
Por una cuestión de honor, los familiares de las víctimas siguieron adelante. "Si nos cerramos les estamos siguiendo el juego a los victimarios, que quieren que no reclamemos nuestros derechos", afirma Débora.
La decisión de continuar ha valido la pena, pues, a los escasos hechos de verdad, se han sumado procesos de justicia, como la condena de 'Chema Bala' a 40 años de cárcel por el delito de homicidio agravado. A través de tutelas, de reclamaciones y del apoyo de las organizaciones para hacer cumplir la reparación a las víctimas, la comunidad de Bahía Portete ha conseguido importantes avances.
"Hemos logrado que la institución haga acompañamiento a los aniversarios que se han realizado en la Alta Guajira, porque no es lo mismo hablar desde la ciudad que acompañarnos en el territorio y conocer la realidad", afirma Débora.
Además, supieron que la masacre había sido planeada en una finca de Carraipía en Maicao, que allí estaban alias 'Lucho', un teniente del Éjército y otros miembros de los paramilitares. En ese lugar fue donde planearon el transporte de hombres y armas al lugar. Por eso, la inclusión de la comunidad al proceso de Justicia y Paz tiene objetivos claros: Quieren saber qué hizo la comunidad de Bahía Portete para que los arijunas -como son conocidos en su lengua madre los occidentales- perpetraran no sólo su territorio sino su dignidad, su identidad y su vida.
Por eso esperan que las autoridades seguirán indagando y obligarán a 'Jorge 40' a declarar y a decir toda la verdad sobre lo sucedido, así él se encuentre recluido en una cárcel de Estados Unidos. Pero más que cualquier acto de verdad, más que condenas ejemplares o actos simbólicos de reparación, los wayú de Bahía Portete quieren regresar a su territorio. Ya han pasado 6 años y no logran acostumbrarse a vivir en una tierra lejana y ajena. "Tenemos tantos anhelos de que se dé ese retorno. Nos imaginamos a nuestros hijos correr por el desierto, estar tranquilos y compartir, dormir todos y estar juntos", dice Débora.
También se está preparando el primer informe del Área de Memoria Histórica de la CNRR sobre el caso de Bahía Portete, que relatará la forma de como mujeres y ancianos fueron torturados, expresará la importancia de la mujer en el contexto wayú, lo que magnifica el daño simbólico de los atentados contra sus vidas, y argumentará por qué este no fue un conflicto interclaneal, sino una masacre fratricida.
La esperanza sigue ahí, y nadie les quita el derecho de soñar. Los compromisos establecidos con la Comisión de Reparación y la labor de líderes como Débora hace que el retorno deje que se convierta cada vez más en una realidad. La comunidad wayú espera que el gobierno brinde las condiciones de seguridad y las garantías de no repetición de los actos para volver, y confían en que este año se pueda adelantar gran parte del proceso de recuperación de la zona, para poder retornar.
"Yo le tengo miedo sólo a una persona, que es alias 'Pablo'. Él tiene mucho conocimiento de lo que estamos haciendo las víctimas y mucho poder en la región, así que nos podría hacer daño, pues sigue prófugo", afirma Débora.
A pesar de las dificultades y alegrías, Débora desearía que el final de este cuento, que parece traído de la ficción, fuera así:
"Érase una vez una comunidad que sufrió una masacre. Al pasar el tiempo y a través de su camino, de la palabra, de luchar y resistir, volvió a estar en su hogar, a soñar. Los niños volvieron a correr por el desierto, a tener la paz y la tranquilidad que siempre habían tenido. Esperamos que nunca más tengan el sueño que tuvieron, sino el sueño de la paz y la tranquilidad".
MARTHA LUCÍA MARTÍNEZ Y MARIO ZAMUDIO PALMA
Periodistas CNRR
http://www.eltiempo.com/domingoadomingo_eltiempo/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-7811780.html
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