Autoridades judiciales inspeccionaron el caserío de Alaipa, donde fueron quemados una casa de madera, un corral de animales y un vehículo. Una niña de dos años resultó herida. Foto Defensoría del Pueblo.
Por Equipo Regional
Riohacha. Aunque las autoridades de La Guajira insisten en que en este departamento no hay presencia de grupos paramilitares, el reciente desplazamiento masivo de indígenas wayuus hacia territorio venezolano pone en duda esta versión.
Reductos de las autodefensas seguirían actuando en esta zona e intimidando a la población. Así de tajante lo dicen el defensor del pueblo seccional La Guajira, Fernando López Suárez y la Agencia de la Onu para los Refugiados (Acnur).
El registro que llevan estas entidades apunta a que desde 2004 unas 500 personas de la etnia Wayuu han salido huyendo por causa de la violencia hacia el país vecino. Un pronunciamiento en este sentido realizado en la última semana por la Acnur encendió las alarmas frente al tema.
Los hechos más recientes datan del 7 de enero cuando, según el relato de miembros de la comunidad de Alaipa en Taparajin, Alta Guajira, enviado desde Maracaibo el 9 del mismo mes a la Defensoría, hombres armados y uniformados con prendas privativas de las fuerzas militares, incineraron una vivienda, un corral de chivos y un vehículo, e hirieron a una niña de 2 años.
La Acnur instó a las autoridades a tomar medidas para proteger las familias que habitan el desierto guajiro, e informó que durante este año ya son 86 personas las que han llegado procedentes de Colombia buscando refugio en Venezuela, ante los ataques de hombres armados.
Asegura también que entre las organizaciones defensoras de derechos humanos y el Gobierno Venezolano se les está prestando ayuda humanitaria a estos refugiados.
Los antecedentes indican que en 2004 una masacre que dejó más de una decena de muertos produjo el desplazamiento de cerca de 300 personas en Bahía Portete. Durante el 2006, tras la incursión de estos grupos al margen de la ley en la población de Poropo, en la que murieron seis personas, el desplazamiento fue de 100 indígenas. Lo mismo pasaó en 2007 en Hichicu donde el saldo fue de una persona asesinada.
Tras la incursión violenta en Taparajin, las autoridades tradicionales de la región solicitaron el incremento del pie de fuerza del Ejército, así como la adecuada dotación de sus hombres, debido a que consideran insuficiente la cobertura de seguridad para los 800km2, que tiene Alaipa.
El 14 de enero, tras una visita de verificación de las autoridades policiales departamentales y del municipio de Uribia, se pudo confirmar la realidad de los hechos y el temor en que habitan las familias que aún quedan en la región.
Según el Defensor del Pueblo, son cerca de 40 hombres que antes hacían parte de las filas de ‘Jorge 40’, los que siguen sembrando el temor en la zona, ya que decidieron no entrar al plan de reinserción a la vida civil propuesto por el Gobierno en 2006.
El reciente atentado, según los pobladores de la zona iba dirigido a la autoridad tradicional del resguardo, quien solicitó protección especial para este sector de la Alta Guajira.
El Gobernador de La Guajira dice que no queda duda de la incursión de personas armadas en esta zona desértica de La Guajira colombiana, pero sostiene que estos atentados contra la población civil son casos aislados que pueden haberse producido por enfrentamientos interfamiliares que tradicionalmente se han registrado entre las familias wayuu de la zona.
Para la Defensoría, el incremento de las acciones violentas en La Guajira es más que evidente pues en su despacho recibe diariamente solicitudes de protección de gente que se siente amenazada tanto en los centros urbanos como rurales de La Guajira.
Suman el 45% de la población
La Acnur indica que la violencia coloca bajo una gran presión a la comunidad Wayuu y a otros grupos indígenas locales (arhuacos, kankuamos, koguis y wiwas), quienes juntos suman el 45% de la población de La Guajira, que tiene un total de 626 mil habitantes.
La etnia Wayuu tiene a unas 150 mil personas del lado colombiano y 160 mil del lado venezolano.
La comisión interinstitucional de verificación, integrada por la Gobernación, Defensoría, Procuraduría, Policía, Ejército, CTI e Icbf profundizarán en próximos días sobre esta situación.
http://www.elheraldo.com.co/ELHERALDO/BancoConocimiento/1/1van_500_indigenas_desplazados/1van_500_indigenas_desplazados.asp
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