TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS
SESIÓN COLOMBIA
- AUDIENCIA SOBRE GENOCIDIO INDÍGENA –

Atanquez 18 y 19 de julio de 2008

Organización wayuumunsurat

Las Mujeres wayuu de la comunidad de bahía portete, participo acompañando y escuchando como las violación de los Derechos Humanos que viven los pueblos Indígenas en los territorios ancestrales son iguales por las transnacionales, son los mismos daños y dolor del exterminio que vivimos y seguimos soportando día a día en nuestras comunidades, compartimos experiencias con hermanos y organizaciones de diferentes partes del país.

Nos sentimos muy contentas de haber tenido la oportunidad de hablar esos dos minutos frente a los jurados del tribunal permanente de los pueblos, para infórmale la grave violación de Derechos Humanos que vivió la mujer wayuu en el 2004.

Por lo siguiente la intervención de la Mujer Wayuu Debora Barros Fince, el tribunal considero muy importa su aporte a los tratos crueles, inhumanos contra las mujeres, como la ocurrida en la comunidad de bahía portete, siempre he manifestado “mataron mujeres que somos símbolo de paz, que damos la vida, mataron niños”. Cabe dejar sentado que la sociedad Wayuú es de organización matriarcal, por lo que los crímenes expuestos resultan particularmente horrendos en esas circunstancias: para los Wayuú está prohibido matar a las mujeres en la guerra.

Fueron las acusaciones presentadas al tribunal por la Masacre Bahia Portete.

El pueblo Wayúu, merced a la agresión e invasión de su territorio y a la diáspora humana forzada en virtud de la violencia militar y paramilitar financiada por las multinacionales de la minería y ejercida contra mujeres, ancianos, niñas y niños y contra sus leyes y tradiciones, se encuentra en grave riesgo de desestructuración social y cultural.
La Alta Guajira o Winpamuin, donde se ubica Bahía Portete, fue el escenario de la masacre del 18 de abril de 2004. Reconocido como Resguardo Indígena en los años 80 por el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (INCORA) en donde habitan entre 150 y 200 mil indígenas Wayuú, que mantienen vivas formas de supervivencia tradicional de pesca, agricultura, pastoreo, comercio, transporte, turismo a pequeña escala y se conservan vivas formas de autoridad tradicional y el idioma.

Las empresas dedicadas a la extracción y explotación de diversos recursos naturales para el mercado nacional e internacional (Carbón y otros) se han instalado como emporios aislados dentro de fortalezas, que no producen beneficios económicos o sociales para las comunidades, pero sí han contribuido a agudizar relaciones desiguales y a acelerar su descomposición cultural.

El territorio Wayuu “no es solo hecho de la tierra, también incluye playa y una franja sobre el mar… que es la parte donde viven nuestros mitos relativos al agua y al mar y donde también a través de la recolección de peces subsistimos, no es solo la tierra firme.”[1]
Las familias que habitan el puerto natural (Bahía Portete) BALLESTEROS EPINAYÚ, FINCE EPINAYÚ y FINCE URIANA, no están vinculadas a actividades ilícitas o ilegales de contrabando, tráfico de estupefacientes, armas, ni en disputa de los puertos para ponerlos al servicio de las multinacionales mineras o de intereses foráneos.
El señor JOSÉ MARÍA BARROS IPUANA, alias CHEMA BALA, persona detenida como autor de la masacre, narcotraficante y paramilitar, es sin duda un tanque de guerra que en su blindaje oculta los verdaderos y grandes criminales y los grandes intereses económicos y culturales que se encuentran tras la masacre. CHEMA BALA y su familia representa el desconocimiento de las leyes tradicionales Wayúu y la superposición de dinámicas mafiosas, corruptas y asesinas.

A la familia de CHEMA BALA se le concedió permiso de uso del Puerto, pero abusaron del mismo, ejerciendo una expropiación paulatina del territorio, violentando y rompiendo así la cultura Wayúu. Amparado en el dinero, las armas y las alianzas con narcotraficantes y paramilitares, decidió desalojar a las comunidades y familias verdaderas dueñas del territorio, a fin de poder ejercer con mayor libertad sus negocios.
Las raíces del conflicto no se pueden reducir simplemente a un asunto entre familias en disputa, pues son de mayor calado, como que están relacionadas con el divorcio existente entre dos proyectos culturales diametralmente opuestos. Es, en últimas, la resistencia ejercida por las familias y el proyecto cultural tradicional, ajeno a la acción delincuencial, corrupta y clientelista de los contrabandistas, narcotraficantes y paramilitares y desvinculado del modelo de “desarrollo” brutal de las multinacionales a fin de facilitar la extracción y el saqueo de los recursos naturales.

En la Alta Guajira, hacia el año 2000, se inició la implementación de la estrategia paramilitar (bastante conocida en el resto del país), con la creación de una estructura denominada “Frente Resistencia Tayrona” y/o “Frente Contrainsurgencia Wayúu”.

Según un informe de “inteligencia militar” elaborado por el Batallón de Infantería Mecanizado “Cartagena”, esa estructura paramilitar estaba integrada de la siguiente manera: HERNÁN GIRALDO SERNA alias “EL PATRÓN” como “comandante político”; RODRIGO TOVAR PUPO alias “JORGE CUARENTA”, como “comandante militar” y jefe máximo de los paramilitares del Caribe; alias “PABLO”, como comandante de Bahía Portete y toda la Alta Guajira; JOSÉ MARÍA BARROS IPUANA, alias “CHEMA BALA”, quien introdujo los paramilitares en B. Portete y creador de la red Wayúu de apoyo a los paramilitares.

Hechos

La intención de apropiarse del puerto ubicado en el resguardo de Bahía Portete por parte de alias Chema Bala se remonta al año de 1996, fecha desde la cual inicia una seria de ataques a varias familias tradicionales, entre ellos el despojo, hurto y homicidio. En 2001 se instalan en la zona los llamados paramilitares, que fueron inicialmente muy amables con la población para ganar su confianza, pero no demoraron mucho en cometer atropellos contra la gente, al sentir que tenían control y dominio sobre ese lugar.

Los antecedentes a la masacre dan cuenta de un enfrentamiento entre la Policía Fiscal Aduanera (POLFA) y los paramilitares, quienes el 28 de abril de 2003 asesinaron a dos policías de esa división en Bahía Portete en casa de la familia FINCE. Dos de sus miembros, ROLAN Y ALBERTO EVER FINCE declararon sobre el homicidio de los miembros de la POLFA y tiempo después (1 de febrero de 2004) también fueron asesinados por los paramilitares al servicio de CHEMA BALA. En estos hechos y circunstancias también fue muerta la señora GREGORIA MEDINA y herido en una pierna el señor REIN EVER FINCE.
En septiembre 19 de 2003, los estudiantes NICOLAS BARROS BALLESTEROS y ARTURO EPINAYÚ denunciaron en Uribia que los paramilitares estaban trabajando con droga, amenazando y maltratando la gente. Al día siguiente regresaron a Portete pero ya los paramilitares sabían de la denuncia que habían hecho, los esperaron, retuvieron y los mataron.

El 18 de abril de 2004, mientras el Gobierno Nacional se reunía con los jefes paramilitares en Santafé de Ralito, en Bahía Portete se cometía la atroz masacre; llama la atención que este crimen se perpetrara a los pocos días de que el Presidente Álvaro Uribe Vélez anunciara en la Guajira el inicio de un proyecto “etnoturístico”.

Entre los días 18, 19 y 20 de abril de 2004, en la región comprendida entre Bahía Portete, Bahía Honda y zona de la Alta Guajira, jurisdicción del municipio de Uribia, fueron torturados y asesinados varios indígenas de la etnia Wayúu, por parte de un grupo aproximado de 40 hombres fuertemente armado pertenecientes a la estructura paramilitar denominada “ frente Resistencia Tayrona” y/o “Frente Contrainsurgencia Wayúu”, apoyados por al menos seis militares adscritos al Batallón de Infantería No. 6 “Cartagena”, quienes dieron muerte a los ciudadanos indígenas RUBÉN EPINAYÚ, ROSA FINCE URIANA, MARGOT EPINAYÚ BALLESTEROS. De igual modo a una persona sin identificar de quien solo se halló el miembro izquierdo de su cuerpo calcinado; así mismo, se estableció la desaparición de DIANA y REINA FINCE; los hechos generaron terror en los vecinos y dolientes, a raíz de lo cual se produjo el desplazamiento forzado y masivo de aproximadamente 600 personas entre mujeres, ancianos y niños, hacia otras poblaciones como el Estado de Maracaibo en Venezuela.

La masacre la cometen al ritmo que impone el establecimiento de los grandes proyectos multinacionales en la zona, como las concesiones marítimas petroleras y de gas en las propias aguas Wayúu de Bahía Portete, la expansión de la producción carbonífera del Cerrejón que sale al extranjero por Puerto Bolívar, el parque eólico Jepirachi, inaugurado apenas cinco meses antes de la masacre por Álvaro Uribe Velez.

LILIA EPINAYÚ, testigo clave de la masacre, arraigada a su territorio y quizá confiada en la promesa de protección del Gobierno Nacional, regresó a Bahía Portete y fue asesinada el 13 de julio de 2005 por paramilitares. Sus familiares debieron huir por lo que el cuerpo de Lilia debió permanecer al sol por espacio de 10 horas.

Los móviles de la masacre:

Consolidar el control sobre el estratégico Puerto Natural de Bahía Portete, utilizado hasta ahora por los paramilitares y narcotraficantes para comerciar ilegalmente armas y sustancias estupefacientes
Facilitar la ampliación de la capacidad de Puerto Bolívar para aumentar la exportación del carbón y así las ganancias de las empresas que lo explotan en el Cerrejón.

Fundamentos probatoriosLas multinacionales ANGLO AMERICAN, BHP BILLITON y
[1] [1] Los Alaulayuu (Autoridades Tradicionales de Portete), a sólo dos meses de la masacre produjeron un documento titulado “Informe sobre los hechos de los Alaulayuu de Portete víctimas de la masacre del 18 de abril del 2004”.

Las multinacionales ANGLO AMERICAN, BHP BILLITON y GLENCORE A.G., a través de su vocero IAN B. WOOD, han reconocido que, por los riesgos de seguridad en la operación de la compañía en Colombia, ellos escogían al comándate del Batallón que garantizaba la seguridad dentro y fuera de la Mina del Cerrejón (se hace referencia al B. Cartagena, el cual tuvo participación directa en la masacre).

La relación militar/paramilitar, evidenciada por un manuscrito emitido por un Teniente ROBLES del Ejército, quien lo envía con un soldado de apellidos BALDOVINO PÉREZ, mediante el que afirma conocer a alias “PABLO”, comandante paramilitar de Portete y a alias “CHEMA BALA”.

Según el testimonio de RICHARD SOLLY, ciudadano inglés y miembro de la Colombian Solidarity Campaign, en noviembre de 2004 cuando participó en la asamblea anual de esta misma compañía, los representantes de ella expresaron que tenían un contrato con el que pagaban al Batallón (Cartagena) la protección de la Mina, y que además tenían interés en ampliar el puerto.



Agradecemos a la comunidad de atanquez por hospitalidad y por recibirnos en su territorio sagrado.

Riohacha, Guajira 24 de julio de 2008.