Bacrim, la nueva violencia que atemoriza a La Guajira

Las primeras amenazas comenzaron con letreros de las Autodefensas Gaitanistas.

Por Redacción Judicial

RIOHACHA.

Con sus pocas pertenencias y el recuerdo más grande que le dejó su marido, una niña de 5 meses, Karen Cabadía abandonó esta capital protegida por la Policía. La noche del martes su compañero José Luis Jaimes Rodríguez fue asesinado por un sicario menor de edad.

El objetivo del asesino era el tendero Wilson Quintero, propietario de Provisiones Janer, pero terminó matando al ayudante de este.

Horas más tarde, a las 9 p.m., el mismo sicario asesinó en la zona céntrica, calle 11 con carrera 7, a Omar Augusto Uribe Muñoz, dueño de la reconocida carnicería Tuto Uribe.

Los homicidios de los dos comerciantes se sumaron a los no menos de 20 que este año se han registrado en la capital de La Guajira, producto de las extorsiones que bandas criminales o bacrim están cobrándoles a la mayoría de los tenderos, ferreteros, dueños de restaurantes, ‘pimpineros’ de gasolina, colmeneros del mercado y taxistas, entre otros.

“A los taxistas les están exigiendo 2.000 pesos diarios, y si son cerca de 8.500 imagínese la plata que está de por medio”, advierte un conocedor de esta problemática.

NADIE DENUNCIA. Reporteros de EL HERALDO, enviados a Riohacha y Maicao, establecieron que hoy Los Urabeños y Los Rastrojos se están peleando este millonario botín.

“A los tenderos los están extorsionando para que paguen 5 mil pesos diario o 150 mil al mes”, reconoce el coronel Héctor Cruz, comandante de la Policía de La Guajira quien, al igual que el director del DAS, Juan Carlos Gutiérrez, se lamenta por la falta de colaboración y el temor a denunciar.

“Sabemos que hay extorsiones pero si los afectados no colaboran es difícil judicializar, rápida y efectivamente, a estos delincuentes”, dice Gutiérrez.

Un recorrido por sectores riohacheros permitió observar que en las paredes de tiendas y esquinas de Entre Ríos, Los Nogales, Los Olivos, La Mano de Dios y El Divino Niño, entre otros barrios, las bandas criminales han pintado grafitis como parte de sus amenazas.

“Cada vez que hay un crimen se van dos o tres comerciantes de los sector afectados, especialmente tenderos. Algunos de ellos son además prestamistas. Podría calcularse que se han marchado unos 35”, afirma un microempresario.

EN MEDIO DE LA VIOLENCIA. En poder de investigadores de la Policía hay un panfleto en el que Los Rastrojos exigen el pago de extorsiones y además les advierten a sus víctimas que no pueden seguir colaborándoles a Los Urabeños ni a la llamada bacrim de la Alta Guajira, que comanda Arnulfo Sánchez, alias El señor del desierto o Pablo, un paramilitar pura sangre responsable de la masacre de Bahía Portete, el 18 de abril de 2004, que no se desmovilizó y sigue manejando los cargamentos de cocaína hacia el Caribe y Centroamérica.

Como quien dice: si pagan o si se niegan a hacerlo, los extorsionados están en la mira de estas organizaciones.

Desde el 1o. de enero y hasta el pasado 16 de octubre en Riohacha se habían registrado 97 homicidios, es decir 26 más que los reportados para la misma fecha en 2009.

Maicao, igual de grave. Aunque en el fronterizo municipio de Maicao los crímenes en 2010 han disminuido —van 75, es decir 11 menos que los registrados en 2009— los problemas de inseguridad siguen siendo graves: han aumentado los secuestros. De los cinco que este año se han presentado en La Guajira, tres han sido comerciantes de esa población.

“Varios árabes se han ido para Punto Fijo (Venezuela), a pesar de los problemas de inseguridad en ese país, porque no quieren que los secuestren ni que los extorsionen las bandas criminales, pues a ellos sí les piden millones”, comenta un comerciante.

El 29 de octubre, el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, asistirá a un consejo de seguridad y se espera que se tomen medidas efectivas para enfrentar la nueva violencia que atemoriza a los guajiros.

CRIMINALIDAD

Entrenado para matar. A pesar de sus 14 años, el sicario caleño que mató a Jaimes y Uribe estaba entrenado para matar. Es tal su entrenamiento que, gravemente herido, le mintió a las autoridades y dio dos nombres falsos. El homicida sigue recuperándose.

“Extorsiones a guajiros las hacen desde la Modelo de Barranquilla”

Coronel Héctor Cruz, comandante Policía La Guajira.

RIOHACHA.

Además de las extorsiones que las bandas criminales están haciendo directamente a tenderos y otros comerciantes de esta capital y Maicao, la Policía Nacional descubrió que las intimidaciones telefónicas también se hacen desde de la cárcel Modelo de Barranquilla.

El coronel Héctor Cruz Rocha denunció que el hallazgo lo hicieron hace tres meses. “Los delincuentes utilizan alias como Walter, Carlos, Javier, Mauricio, el del narcotraficante Pablo o el del comandante César para intimidar a sus víctimas”, indicó el oficial.

EL HERALDO conoció que investigadores de la Sijín detectaron que los celulares utilizados para las extorsiones son: 3135279625, 3017290611, 3017081328, 3003645988, 3104503699 y 3014356565.

De acuerdo con las investigaciones, los delincuentes hacen las llamadas durante las horas en que están en el patio de la cárcel, es decir de 8 a.m. a 12 p.m. y de 2 a 5 p.m., reveló el coronel Cruz Rocha.

Para confundir a sus víctimas, una vez hacen la llamada los reclusos apagan los celulares. Otra estrategia, para hacerles creer que se encuentran en un lugar distinto a una cárcel, es que utilizan ringtons —sonidos de celulares— que simulan el canto de un gallo o el llanto de un bebé, entre otros.

Las investigaciones están encaminadas a establecer con nombre propio quiénes son los delincuentes que encabezan estas extorsiones.

Es casi seguro de que en ellas participan ex paramilitares que se encuentran en la Modelo y ahora actúan como miembros de bandas emergentes. Asimismo, existe la sospecha de que lo han hecho miembros de la banda Los 40, que en el pasado prestaron sus servicios sicariales para el cobro de extorsiones al Bloque Norte del paramilitarismo, que comandó Rodrigo Tovar Pupo o alias Jorge 40.

Además de la Modelo, a los extorsionados también les han hecho llamadas de la cárcel de Palo Gohttp://www.blogger.com/post-create.g?blogID=1811220907807502304rdo, en Girón (Santander).

Cifras de indígenas muertos en el país no ceden

En lo corrido del año al menos un centenar ha fallecido a manos de grupos armados ilegales.
Así lo denunció la Organización Nacional Indígena (Onic).

Luis Evelis Andrade, director de la Onic, señaló que guerrilleros, ex paramilitares, narcotraficantes y miembros de las Fuerzas Militares "no entienden" su decisión de ser autónomos.

"Nuestro silencio lo interpretan como respaldo al bando enemigo y nos asesinan", señaló Andrade. También denunció que los indígenas "siguen siendo reclutados "a la fuerza por los violentos".

Según el colectivo étnico, el año pasado al menos 114 indígenas fueron víctimas de homicidios. Ante la gravedad de las cifras, hace dos meses el Sistema de Naciones Unidas en Colombia alertó sobre el peligro de extinción de varios pueblos indígenas y le pidió al Gobierno protección para ellos.
http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-8111025.html

Las resistencias de las mujeres en el Caribe colombiano en una exposición

Esta es una exposición sobre mujeres inmersas en el reciente conflicto armado colombiano. Sus relatos, intentan hacer de sus experiencias un legado de resistencia y muestran cómo las mujeres son sujetos políticos dentro y fuera de la guerra. Las fotografías, objetos, dibujos y registros que conforman “Huellas y memorias de la guerra: resistencias de las mujeres en el Caribe colombiano” se podrán visitar hasta el 30 de enero de 2011 en la Sala de Exposiciones Bibliográficas de la Biblioteca Luis Ángel Arango. La entrada es gratuita


Rosa, Piedad, Yolanda, María, Magola, Carmen, Isabel, Débora, Telemina, Remedios, Soraya, las Mujeres Unidas de El Salado, Mercedes, María del Rosario, Mujeres de Mampuján… cada nombre es una historia que reproduce miles de historias y memorias de muchas voces. Mujeres que mantienen comunidades y familias: madres, esposas, hijas, viudas, huérfanas, maestras, líderes comunitarias o políticas a quienes el conflicto armado involucró. Si bien muchas mujeres hacen parte del conflicto como integrantes de redes armadas, también son las impulsoras de iniciativas de resistencia a la guerra.

Esta exposición parte de sus historias para narrar realidades más amplias: el impacto de la guerra reciente sobre sus vidas y las de sus comunidades en Guajira, Córdoba, Magdalena y Montes de María. “En el país muy poco se debate sobre las maneras cómo la violencia pública se entronca con la privada. ¿Qué ocurre por ejemplo con las mujeres que habitan zonas con una alta presencia de desmovilizados? ¿Éramos un país pacífico, de amables relaciones en el ámbito doméstico, antes de que se desatara la violencia? ¿Por qué nos cuesta tanto pensar en las articulaciones y engranajes entre costumbres privadas y patrones sociales públicos?”, subraya María Emma Wills, líder del Área de Memoria Histórica de la CNRR (Violencia contra las mujeres y representación política. El Espectador, 2008).

La exposición trata de construir un contexto regional para comprender las dinámicas y diferencias entre las poblaciones, enfatizando casos emblemáticos. Se realiza en el marco del lanzamiento de dos informes del Grupo de Memoria Histórica: La masacre de Bahía Portete: mujeres wayuu en la mira y La memoria histórica del conflicto desde las mujeres: conceptos y ruta metodológica. Las fotografías de Jesús Abad Colorado, objetos testimoniales y documentos, hacen énfasis en la destreza y persistencia de las mujeres para reconstruir sentidos de vida y dar cuenta de otras violencias que viven por fuera del conflicto armado.

LA CORPORACION REINICIAR EN BAHIA PORTETE

Mujeres en la mira

VIOLENCIA DE GÉNEROLa masacre de Bahía Portete es el ejemplo más brutal de cómo los paras asesinaron a unas mujeres de la comunidad wayuu para garantizarse el control de la Alta Guajira.
Sábado 18 Septiembre 2010


Las mujeres no se tocan. No van a la guerra, no se violan, no se les expulsa de la tierra. Eso es lo que tenían por ley los indígenas wayuu, de La Guajira, hasta la masacre de Bahía Portete, en la que cuatro mujeres fueron torturadas, perseguidas, asesinadas con brutalidad, dos de ellas aún desaparecidas, y toda una comunidad desplazada.

El domingo 18 de abril de 2004 pasó lo impensable. Serían las 7 de la mañana cuando llegaron cinco camionetas y una moto, con unos 40 o 50 hombres. Los forajidos buscaban, lista en mano, a las familias Fince, Uriana y Epinayú. La primera en caer fue Margoth Fince, de 70 años, reconocida como una autoridad tradicional. La amarraron de pies y manos, la cortaron con hacha y machete y después le dispararon en el rostro. Luego llegaron a la casa de Rosa Fince, de 46 años, quien había emprendido la huida con su hermana Diana, de 40 años, y su sobrina Reina. Días después los familiares encontraron el cuerpo de Rosa. Tenía las manos amarradas por detrás, el vestido desgarrado, estaba decapitada y los senos cortados. De las otras dos mujeres no se ha vuelto a saber nada. En el camino, los asesinos se habrían encontrado con dos hombres a los que también dieron muerte. Uno de ellos, Rubén Epinayú, de la misma comunidad.

"La guerra entre clanes o familias wayuu ha sido parte importante de la historia de este grupo y está claramente regulada en cuanto a los motivos que la provocan y los mecanismos para resolver las disputas", dice el Grupo de Memoria Histórica en su informe liderado por Pilar Riaño y María Emma Wills.

La masacre era un desenlace previsible de la incursión paramilitar que desde hacía algunos años había propiciado uno de los propios miembros de esa comunidad: 'Chema Balas', cuyo nombre de pila es José María Barros, quien creía que en alianza con Jorge 40 podía resolver una disputa histórica.

Desde los años 80, Chema Balas y estas familias tenían aspiraciones por razones distintas a ser los dueños del puerto natural de gran calado que hay en Bahía Portete. Por allí ingresaban el contrabando, que es la actividad a la que se ha dedicado siempre el pueblo wayuu. Chema Balas enarbolaba el permiso que había recibido tiempo atrás su padre para usar el puerto, mientras las familias agredidas habían recibido el reconocimiento de que ese era su territorio ya que allí yacían sus muertos. Durante años hubo una disputa, pero no una guerra.

Pero a partir de 2002, los paramilitares se apersonaron del puerto, de la mano de Chema Balas. El Grupo de Memoria Histórica encontró que la masacre tuvo el deliberado propósito de golpear a las mujeres por ser ellas el sostén de la defensa del territorio. Ellas eran un obstáculo para los planes de expansión del jefe paramilitar Jorge 40. La idea de que estas muertes eran parte de una guerra fratricida e intestina proviene, según Pilar Riaño, de "un estereotipo muy extendido sobre los wayuu".

Bahía Portete es también un caso emblemático en el que las memorias conflictivas están latentes. Mientras los sobrevivientes de las familias Fince, Epinayú y Urania siguen desplazados en Venezuela, y apenas regresan cada año a conmemorar la masacre, la hija de Chema Balas, Damaris Barros, sufre porque su descendencia cargará con el estigma de los errores de su padre. "José María Barros Ipuana se equivocó -al igual que lo hicieron muchos otros hombres wayuu y alijuna en La Guajira- cuando pensó que podría buscar el apoyo de los grupos ilegales provenientes de otros lados, allende su territorio, para consolidarse como hombre fuerte en la Alta Guajira y, después de logrado su objetivo, dejarlos de lado sin más...".

La masacre de Bahía Portete es emblemática porque muestra que la guerra no solo genera pobreza y pérdidas materiales, sino que desordena los principios y valores de las comunidades. La codicia que suscitaron el control territorial y de recursos se impuso durante años, y este es quizá el reto más grande que tiene el Estado para reparar a las víctimas.

http://www.semana.com/noticias-nacion/mujeres-mira/144763.aspx

Bahía Portete: mujeres en la mira

Los dolorosos hechos ocurridos en la Guajira en abril del 2004 conocidos como la masacre de Bahía Portete constituyen el evento histórico más traumático sufrido en los últimos doscientos años por los miembros del milenario pueblo wayuu. Los sangrientos actos efectuados por los paramilitares contra inermes mujeres indígenas con la colaboración y probablemente con la participación activa de miembros de las fuerzas armadas colombianas han tratado de ser negados, tergiversados y por ultimo banalizados desde las esferas oficiales. Por haber sido realizada cuando se llevaban a cabo las conversaciones de paz en Ralito y por las múltiples muestras de depravación de sus perpetradores, debería avergonzar a quienes en los últimos ocho años han dirigido el estado colombiano.

El silencio deliberado sobre esta masacre es parte de una política de olvido entendida como la abolición pura y simple de un pasado reciente de inhumanidad. Abolir este pasado es también eliminar la posibilidad de reparar a las víctimas y juzgar a sus verdugos. Como lo ha afirmado el filósofo Alfredo Gómez Muller en su particular construcción de la idea de paz y reconciliación, los perpetradores asocian el olvido a la paz y, simétricamente, la memoria a la guerra y la violencia.

Como parte de su misión institucional el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación dará a conocer tres nuevos informes que revelan lo ocurrido en las masacres de La Rochela, Bojayá y Bahía Portete. Es el primer informe público que reconstruye en detalle estos hechos basándose en una minuciosa investigación de campo y dentro de un apropiado contexto explicativo. El informe hace posible que el país y la comunidad internacional conozcan una dimensión del conflicto colombiano hasta ahora ignorada.

El Informe es certero al entender la razón paramilitar por fuera de su contexto convencionalmente justificatorio de lucha contra las Farc .El área en donde se cometieron los hechos es un resguardo indígena en donde no se encontraban poderosos hacendados y ganaderos que alegaran tensiones agrarias acumuladas o supuestos abusos de la guerrilla. Es en parte por ello que los paramilitares en La Guajira comandados por alias Pablo, autor material de la masacre y quien sigue libre, son vistos como un ejército de ocupación y jamás como un ejército de liberación.

Según el Informe, a través de la agresión sexual y la mutilación corporal de las mujeres asesinadas los paramilitares buscaron convertir estos actos en un medio para herir el honor de los hombres wayuu ya sea en su masculinidad como en su rol social de guerreros. El papel de las autoridades civiles y militares ha sido el de negar o tergiversar los hechos calificándolos como ancestrales guerras interfamiliares propias de los indígenas. La explicación dada por el paramilitar Jorge 40 y por los altos mandos militares fue la de que se trataba de enfrentamientos entre las autodefensas y la delincuencia común wayuu, estableciendo así una relación causal entre pertenencia étnica y comportamiento delictivo. .

Los hechos de Bahía Portete, sin embargo, pueden ser entendidos como la culminación de un proceso histórico de larga duración que busca la incorporación violenta de la población indígena de la Guajira a un orden económico y social basado en una visión uniformizante de colombianidad. Esta incluye la implantación de un modelo cultural de orden patriarcal y autoritario en una sociedad políticamente descentralizada y matrilineal.

weilderguerra@gmail.com

http://www.elheraldo.com.co/ELHERALDO/BancoConocimiento/B/bahia_portete_mujeres_en_la_mira/bahia_portete_mujeres_en_la_mira.asp?CodSeccion=52

BOGOTA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2010