Por primera vez los wayuu marchan.
Con un liderazgo apto, y determinacion firme para defender los derechos humanos,el respeto de la dignidad humana,la equidad, trabajar por las mujeres que han sido el blanco y han sufrido, por las victimas de las comunidades indigenas de la sociedad civil en marco del conflicto armado, la autodeterminación de los pueblos y el desarrollo social, comprometiéndonos a luchar por la unidad nacional y la solidaridad con tod@s, junto a los hermanos no indígenas solidarios a nuestra causa.
jueves, 16 de octubre de 2008
lunes, 6 de octubre de 2008
LA RESISTENCIA INDIGENA ATRAVEZ DEL SOMBRERO Y LA PALABRA
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MANIFIESTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE RIOHACHA Y LA GUAJIRA CON RESPECTO AL DIA DE LA RESISTENCIA DE LAS POBLACIONES INDÍGENAS DE LATINOAMÉRICA
“RUTA DEL SOMBRERO WAYUU Y LA PALABRA”

En este contexto exponemos los objetivos específicos de nuestra convocatoria; alzamos la voz en contra del proceso neoliberal del TLC; contra el proceso de privatización de los territorios de reserva natural dentro de resguardos indígenas; no a la instalación de la base militar norteamericana en la Guajira; la expulsión de las bandas paramilitares de las rutas de la alta Guajira; la derogación del decreto 3038 que lesiona nuestras actividades comerciales; respeto a los sitios sagrados; dar cumplimiento y garantía a los compromisos pactados a través de la ley sama (salinas de manaure); no a la Privatización de la Educación Pública; No a la comercialización de la salud; no a las políticas estatales para la apertura de espacios de energías alternativas (Eólica y solar) y fósiles, consorcios hoteleros y turísticos en la alta Guajira; estas realidades adversas afectan nuestro modo de vida y constituyen constantes violaciones a los derechos humanos, y generan todo tipo de violencia contra la población civil que involucran a los territorios ocupados ancestral y tradicionalmente por indígenas, campesinos, afrodescendientes y demás sectores vulnerables.
Son muchas las realidades que en los actuales momentos deben ser tratados en el marco de un análisis y reflexión desde la cotidianidad, para que desde esa realidad asumamos una postura de defensa de los recursos naturales, a las relaciones fronterizas que definen los aspectos económicos y culturales, a una educación intercultural y bilingüe para que sea asumida desde las organizaciones a través de sus respectivas autoridades tradicionales, porque desde allí se debe iniciar un proceso de liberación de actores ajenos en nuestros territorios, ya que todo este conjunto de inequidades administrativas y jurídicas hacen daño desde nuestras perspectivas en mantener vigente nuestra vida y cultura y además obstaculiza en la continuidad en seguir trabajando de manera incansable para el logro de un país que permita el andamiaje de viabilizar nuestra diferencia en medio de esa diversidad.
La contrarreforma constitucional que se ha iniciado desde hace varios años, va contra la dignidad de los pueblos indígenas, afros, campesinos y demás Colombianos; en ella se deslegitima el papel que contra la violencia ha venido desarrollando la corte suprema de justicia, y las medidas legislativas que en vez de reconocer el daño a las víctimas de la escalada paramilitar se premia a sus principales actores presentando un proyecto de ley (975 del 2005) que va contra la dignidad de las personas que han sido Víctimas del Conflicto Interno.
Nuestra realidad centenaria e histórica
Los wayuu nos hemos visto asediados incansablemente por diferentes formas de penetración cultural: y a ello hemos sobrevivido. El desierto, los vientos, la arena, las tunas, el cardón, el sol, la luna, la lluvia y los trupillos han sido los aliados incansables en esta labor de sostenimiento centenario de nuestra identidad cultural; nuestra memoria y el saber regado por la palabra que ha sobrevivido hasta ahora, han sido la columna vertebral de nuestro sistema de pervivencia en medio de los cambios y modelos que han desfilado en frente a nuestros ojos.
Queremos manifestarles a la sociedad guajira, a los colombianos y a la comunidad internacional que los pueblos indígenas nos hemos mantenido en medio de una situación adversa que pude conducir a nuestra desaparición cultural.
Queremos manifestar que nuestro diario vivir constituye una lucha permanente de mantener una memoria que debe indicar el rumbo adecuado para que podamos mantener un legado cultural, social y territorial que ha sido construido por la palabra, los sueños y el permanente contacto con nuestro entorno.
Desde comienzos de la explotación carbonífera del cerrejón los wayuu hemos visto como nuestra economía, cementerios y nuestro territorio se dividió para darle paso a un modelo que podría “significar un desarrollo propio” pero, que la realidad es otra. Contaminación, saqueo de nuestros recursos naturales que han significado la muerte de muchos wayuu y la desaparición sistemática de nuestra principal economía tradicional; es por ello que se requiere de un proceso de restauración por las afectaciones a los ecosistemas y a los territorios que han ocupado los wayuu centenariamente.
Los pueblos indígenas después de más de 514 años de expropiación de nuestros territorios, del cercenamiento a nuestra lengua y cultura mantenemos la mente lúcida para replicar una realidad dura que se han traducido en situaciones complejas pero, seguimos estando aquí haciendo ejercicios para que se mantengan la voz y la sabiduría.
Así mismo desde adentro de nuestro pensamiento convocamos a las diferentes organizaciones sociales a sumarse a la RUTA DEL SOMBRERO Y LA PALABRA para que juntos construyamos un escenario que permita continuar existiendo como pueblos indígenas, donde nuestro aporte siga siendo elemento esencial de pervivencia durante lo infinito del tiempo.
Es importante que se escuche nuestra voz desde el planteamiento de las siguientes propuestas que fortalecerán la convivencia pacífica entre todos;
1. Que las empresas multinacionales asentadas en el departamento restituyan y restauren por las afectaciones al ecosistema
2. Aplicabilidad del convenio 169 de la OIT
3. Adoptar la declaración universal de las naciones unidas sobre los pueblos indígenas
4. Elevar a patrimonio histórico cultural de la nación wayuu y Colombia al cabo de la vela (jepirra)
5. Elaboración y aprobación de la cedula étnica binacional Colombia-Venezuela
6. Que la educación impartida en los territorios indígenas sea administrada por las autoridades tradicionales y organizaciones propias.
7. Manejo y administración de los recursos de transferencia por parte de las autoridades tradicionales.
8. Que se desarrolle un proceso de ampliación, saneamiento y constitución de resguardos indígenas.
9. Desarrollar procesos de autonomía e identidad frente a ejecución de megaproyectos.
10. Que el estado retome el manejo en la prestación de los servicios públicos
“RUTA DEL SOMBRERO WAYUU Y LA PALABRA”

La realidad de las comunidades wayuu, wiwa, kogui, arhuaco, afrodescendientes y demás sectores vulnerables que habitamos en el departamento de la Guajira, somos quienes hemos vivido en carne propia los rigores de exclusión, vulneración e irrespeto a los Derechos que han sido conquistados por las organizaciones sociales a través de un proceso largo de recuperación de la memoria histórica solo con el firme propósito de cimentar las bases a la construcción de una nueva sociedad que entienda la importancia de colocar nuestra iniciativa en el reconocimiento a la diversidad étnica y cultural de la nación.
Hoy día, Avanzamos hacia un consenso representativo de todos los pueblos indígenas y demás sectores sociales vulnerables alrededor de los derechos y deberes fundamentales, que como pueblos originarios, aportamos a la construcción del país desde la total restitución de nuestra autodeterminación y alcanzar la unidad en la diversidad. Nuestros territorios siguen en la mira de las grandes transnacionales, que tratan de arrebatarnos nuestra dignidad y cercenarnos culturalmente de manera lenta y gradual por intermedio de las políticas que desde el orden central se han venido tejiendo para seguir consolidando el capital extranjero con la única salida de ver despejado nuestros territorios, de “indios que se oponen al desarrollo social y económico de la nación Colombiana”.
Hoy día, Avanzamos hacia un consenso representativo de todos los pueblos indígenas y demás sectores sociales vulnerables alrededor de los derechos y deberes fundamentales, que como pueblos originarios, aportamos a la construcción del país desde la total restitución de nuestra autodeterminación y alcanzar la unidad en la diversidad. Nuestros territorios siguen en la mira de las grandes transnacionales, que tratan de arrebatarnos nuestra dignidad y cercenarnos culturalmente de manera lenta y gradual por intermedio de las políticas que desde el orden central se han venido tejiendo para seguir consolidando el capital extranjero con la única salida de ver despejado nuestros territorios, de “indios que se oponen al desarrollo social y económico de la nación Colombiana”.
En este contexto exponemos los objetivos específicos de nuestra convocatoria; alzamos la voz en contra del proceso neoliberal del TLC; contra el proceso de privatización de los territorios de reserva natural dentro de resguardos indígenas; no a la instalación de la base militar norteamericana en la Guajira; la expulsión de las bandas paramilitares de las rutas de la alta Guajira; la derogación del decreto 3038 que lesiona nuestras actividades comerciales; respeto a los sitios sagrados; dar cumplimiento y garantía a los compromisos pactados a través de la ley sama (salinas de manaure); no a la Privatización de la Educación Pública; No a la comercialización de la salud; no a las políticas estatales para la apertura de espacios de energías alternativas (Eólica y solar) y fósiles, consorcios hoteleros y turísticos en la alta Guajira; estas realidades adversas afectan nuestro modo de vida y constituyen constantes violaciones a los derechos humanos, y generan todo tipo de violencia contra la población civil que involucran a los territorios ocupados ancestral y tradicionalmente por indígenas, campesinos, afrodescendientes y demás sectores vulnerables.
Son muchas las realidades que en los actuales momentos deben ser tratados en el marco de un análisis y reflexión desde la cotidianidad, para que desde esa realidad asumamos una postura de defensa de los recursos naturales, a las relaciones fronterizas que definen los aspectos económicos y culturales, a una educación intercultural y bilingüe para que sea asumida desde las organizaciones a través de sus respectivas autoridades tradicionales, porque desde allí se debe iniciar un proceso de liberación de actores ajenos en nuestros territorios, ya que todo este conjunto de inequidades administrativas y jurídicas hacen daño desde nuestras perspectivas en mantener vigente nuestra vida y cultura y además obstaculiza en la continuidad en seguir trabajando de manera incansable para el logro de un país que permita el andamiaje de viabilizar nuestra diferencia en medio de esa diversidad.
La contrarreforma constitucional que se ha iniciado desde hace varios años, va contra la dignidad de los pueblos indígenas, afros, campesinos y demás Colombianos; en ella se deslegitima el papel que contra la violencia ha venido desarrollando la corte suprema de justicia, y las medidas legislativas que en vez de reconocer el daño a las víctimas de la escalada paramilitar se premia a sus principales actores presentando un proyecto de ley (975 del 2005) que va contra la dignidad de las personas que han sido Víctimas del Conflicto Interno.
Nuestra realidad centenaria e histórica
Los wayuu nos hemos visto asediados incansablemente por diferentes formas de penetración cultural: y a ello hemos sobrevivido. El desierto, los vientos, la arena, las tunas, el cardón, el sol, la luna, la lluvia y los trupillos han sido los aliados incansables en esta labor de sostenimiento centenario de nuestra identidad cultural; nuestra memoria y el saber regado por la palabra que ha sobrevivido hasta ahora, han sido la columna vertebral de nuestro sistema de pervivencia en medio de los cambios y modelos que han desfilado en frente a nuestros ojos.
Queremos manifestarles a la sociedad guajira, a los colombianos y a la comunidad internacional que los pueblos indígenas nos hemos mantenido en medio de una situación adversa que pude conducir a nuestra desaparición cultural.
Queremos manifestar que nuestro diario vivir constituye una lucha permanente de mantener una memoria que debe indicar el rumbo adecuado para que podamos mantener un legado cultural, social y territorial que ha sido construido por la palabra, los sueños y el permanente contacto con nuestro entorno.
Desde comienzos de la explotación carbonífera del cerrejón los wayuu hemos visto como nuestra economía, cementerios y nuestro territorio se dividió para darle paso a un modelo que podría “significar un desarrollo propio” pero, que la realidad es otra. Contaminación, saqueo de nuestros recursos naturales que han significado la muerte de muchos wayuu y la desaparición sistemática de nuestra principal economía tradicional; es por ello que se requiere de un proceso de restauración por las afectaciones a los ecosistemas y a los territorios que han ocupado los wayuu centenariamente.
Los pueblos indígenas después de más de 514 años de expropiación de nuestros territorios, del cercenamiento a nuestra lengua y cultura mantenemos la mente lúcida para replicar una realidad dura que se han traducido en situaciones complejas pero, seguimos estando aquí haciendo ejercicios para que se mantengan la voz y la sabiduría.
Así mismo desde adentro de nuestro pensamiento convocamos a las diferentes organizaciones sociales a sumarse a la RUTA DEL SOMBRERO Y LA PALABRA para que juntos construyamos un escenario que permita continuar existiendo como pueblos indígenas, donde nuestro aporte siga siendo elemento esencial de pervivencia durante lo infinito del tiempo.
Es importante que se escuche nuestra voz desde el planteamiento de las siguientes propuestas que fortalecerán la convivencia pacífica entre todos;
1. Que las empresas multinacionales asentadas en el departamento restituyan y restauren por las afectaciones al ecosistema
2. Aplicabilidad del convenio 169 de la OIT
3. Adoptar la declaración universal de las naciones unidas sobre los pueblos indígenas
4. Elevar a patrimonio histórico cultural de la nación wayuu y Colombia al cabo de la vela (jepirra)
5. Elaboración y aprobación de la cedula étnica binacional Colombia-Venezuela
6. Que la educación impartida en los territorios indígenas sea administrada por las autoridades tradicionales y organizaciones propias.
7. Manejo y administración de los recursos de transferencia por parte de las autoridades tradicionales.
8. Que se desarrolle un proceso de ampliación, saneamiento y constitución de resguardos indígenas.
9. Desarrollar procesos de autonomía e identidad frente a ejecución de megaproyectos.
10. Que el estado retome el manejo en la prestación de los servicios públicos
11. Garantizar el acceso de atención en salud a toda población con la simple presentación del documento de identidad y respeto a la concepción de la salud-enfermedad de los pueblos indígenas, por medio de la aplicación de la medicina tradicional.Ampliar la cobertura educativa tanto en recurso humano como en infraestructura educativa y promover la calidad educativa
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jueves, 18 de septiembre de 2008
Relator Especial de la ONU denuncia acciones anti-indígenas en Bolivia
Ginebra, 18 de septiembre, 2008.
GINEBRA -- El Relator Especial sobre la situación de derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, Sr. James Anaya, condena la reciente ola de violencia en los Departamentos de Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija, en Bolivia, que pone en peligro especialmente a los pueblos y personas indígenas y a las instituciones que trabajan en su defensa: “Condeno los actos de violencia contra grupos indígenas y campesinos, así como las amenazas graves a sus representantes”. El Relator Especial expresa preocupación que estos ataques se producen en el contexto de una política sistemática de autoridades de los Departamentos mencionados contra los esfuerzos del Gobierno de Bolivia por garantizar los derechos indígenas. La violencia ha producido hasta el momento varias decenas de muertos, más de un centenar de heridos y un número todavía indeterminado de personas desaparecidas. “Denuncio particularmente los asesinatos del 11 de septiembre de 2008 en Porvenir, Departamento de Pando, que consistió en una emboscada de paramilitares contra miembros de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando (FSUTCP) y estudiantes de la Normal de Maestros de Filadelfia, la mayoría indígenas”. También señala el Relator Especial que esta serie de agresiones ha resultado en la toma y destrucción de sedes e instalaciones de organizaciones indígenas y campesinos, incluyendo las de la Confederación del Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), el Centro de Estudios Jurídicos e Investigaciones Sociales (CEJIS) y el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA). Las instalaciones de medios de difusión gubernamentales o independientes también han sufrido devastación. El Relator Especial hace un llamamiento urgente a que se suspenda la violencia y exhorta a las autoridades del Estado a adoptar todas las medidas necesarias, de acuerdo con los principios internaciones de derechos humanos, para proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los de grupos indígenas y campesinos afectados. Además, insta al Estado a investigar seriamente las violaciones a los derechos humanos y llevar a la justicia a los responsables, así como a asegurar la no repetición de hechos similares. El Relator Especial también exhorta a todos los actores involucrados a buscar consensos y encaminarse a una vía de dialogo y de entendimiento sobre la base de la tolerancia y respeto a los derechos humanos. Tanto el Relator Especial anterior sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Profesor Rodolfo Stavenhagen, como el Relator Especial actual, Profesor James Anaya, han expresado su preocupación sobre actos discriminatorios y racistas contra los pueblos indígenas en Bolivia, a través de comunicados de prensa de 10 de abril de 2008 y 4 de junio de 2008, respectivamente. Para solicitudes de prensa, favor de contactar: indigenous@ohchr.org.
UN Special Rapporteur denounces anti-indigenous actions in Bolivia GENEVA – The Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of indigenous people, Mr. James Anaya, condemns the recent wave of violence in the Departments of Beni, Pando, Santa Cruz and Tarija, in Bolivia, which has placed indigenous communities and individuals, and the institutions that work in their defense, at risk: “I condemn the ongoing acts of violence perpetrated against indigenous and rural people as well as the threats made against their representatives”. The Special Rapporteur expresses concern that these attacks are occurring in the context of a systematic policy adopted by officials from the mentioned regional Departments to counter initiatives carried out by the Government of Bolivia to guarantee the rights of indigenous peoples. This violence has to date resulted in dozens of deaths, hundreds of injured, and in an undetermined number of disappeared. “I am particularly concerned about the assassinations committed on 11 September 2008 in Porvenir, Department of Pando, when paramilitary groups ambushed and killed members of the Rural Workers Union of Pando (Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando) and students at the Filadelphia Teachers Training College (Normal de Maestros de Filadelfia), the majority of whom are indigenous”. The Special Rapporteur notes with concern that this series of attacks has also resulted in the occupation and destruction of a number of the offices of indigenous and rural organizations including those of the Indigenous Peoples Confederation of Bolivia (Confederación del Pueblos Indígenas de Bolivia), the Coordinator of Ethnic Communities of Santa Cruz (Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz), the Center of Juridical Studies and Social Investigations (Centro de Estudios Jurídicos e Investigaciones Sociales), and the Center of the Investigation and Promotion of the Rural Farmer (Centro de Investigación y Promoción del Campesinado). A number of Government-run and independent broadcasting stations have also been destroyed. The Special Rapporteur urgently calls for an end to the violence and urges State authorities to take all necessary measures, in accordance with international human rights standards, to protect the human rights and fundamental freedoms of the affected indigenous and rural groups. Additionally, he urges the State to investigate these human rights violations and bring those responsible to justice, while ensuring that similar acts are not repeated. The Special Rapporteur also calls upon all actors involved to engage in a dialogue based on tolerance and respect for human rights. Both the previous Special Rapporteur on the human rights and fundamental freedoms of indigenous people, Professor Rodolfo Stavenhagen, and the current Special Rapporteur, Professor James Anaya, have expressed concern of discriminatory and racist acts against the indigenous peoples of Bolivia, through press statements of 10 April 2008 and 2 June 2008, respectively. For media requests, please contact: indigenous@ohchr.org.
UN Special Rapporteur denounces anti-indigenous actions in Bolivia GENEVA – The Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of indigenous people, Mr. James Anaya, condemns the recent wave of violence in the Departments of Beni, Pando, Santa Cruz and Tarija, in Bolivia, which has placed indigenous communities and individuals, and the institutions that work in their defense, at risk: “I condemn the ongoing acts of violence perpetrated against indigenous and rural people as well as the threats made against their representatives”. The Special Rapporteur expresses concern that these attacks are occurring in the context of a systematic policy adopted by officials from the mentioned regional Departments to counter initiatives carried out by the Government of Bolivia to guarantee the rights of indigenous peoples. This violence has to date resulted in dozens of deaths, hundreds of injured, and in an undetermined number of disappeared. “I am particularly concerned about the assassinations committed on 11 September 2008 in Porvenir, Department of Pando, when paramilitary groups ambushed and killed members of the Rural Workers Union of Pando (Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando) and students at the Filadelphia Teachers Training College (Normal de Maestros de Filadelfia), the majority of whom are indigenous”. The Special Rapporteur notes with concern that this series of attacks has also resulted in the occupation and destruction of a number of the offices of indigenous and rural organizations including those of the Indigenous Peoples Confederation of Bolivia (Confederación del Pueblos Indígenas de Bolivia), the Coordinator of Ethnic Communities of Santa Cruz (Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz), the Center of Juridical Studies and Social Investigations (Centro de Estudios Jurídicos e Investigaciones Sociales), and the Center of the Investigation and Promotion of the Rural Farmer (Centro de Investigación y Promoción del Campesinado). A number of Government-run and independent broadcasting stations have also been destroyed. The Special Rapporteur urgently calls for an end to the violence and urges State authorities to take all necessary measures, in accordance with international human rights standards, to protect the human rights and fundamental freedoms of the affected indigenous and rural groups. Additionally, he urges the State to investigate these human rights violations and bring those responsible to justice, while ensuring that similar acts are not repeated. The Special Rapporteur also calls upon all actors involved to engage in a dialogue based on tolerance and respect for human rights. Both the previous Special Rapporteur on the human rights and fundamental freedoms of indigenous people, Professor Rodolfo Stavenhagen, and the current Special Rapporteur, Professor James Anaya, have expressed concern of discriminatory and racist acts against the indigenous peoples of Bolivia, through press statements of 10 April 2008 and 2 June 2008, respectively. For media requests, please contact: indigenous@ohchr.org.
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domingo, 14 de septiembre de 2008
TEATRO JAHECHI DE GIRA EN EL AMAZONAS


Fotos organizacion wayuumunsurat.
El próximo miércoles 10 de septiembre viajará al Amazonas JAYEECHI a presentar la obra “LOS MALOS CONSEJOS DE SEKURUT” (Cosmogonía Wayuu), uno de los trabajos seleccionados en la convocatoria ITINERANCIAS POR COLOMBIA, proyecto que financia en su totalidad el Ministerio de Cultura cubriendo traslados, estadía y honorarios, con el propósito de realizar intercambios culturales entre las diferentes regiones del país.
.Además de las dos funciones programadas, JAYEECHI realizará talleres en el AUDITORIO DE LA BIBLIOTECA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA en Leticia y en la MALOKA MORUAPU en Puerto Nariño, lugares donde se estará presentando esta propuesta teatral que lleva en escena 10 años y la cual ha dejado en alto el nombre de la cultura Wayuu y La Guajira en diferentes eventos del ámbito nacional, así como también el de Colombia en el exterior..LOS MALOS CONSEJOS DE SEKURUT (Cosmogonía Wayuu)
SINOPSIS“La tradición es como una anciana que sentada en el camino de los días, cuenta a las generaciones venideras lo que ha vivido”.
.“La cultura oral como una literatura de creación y recreación, se basa fundamentalmente en la cosmovisión, en los principios de la naturaleza observados y vividos por el Wayuu”. (Ramón Paz Ipuana). Escritor Wayuu q.e.p.d
.Este montaje retoma la riqueza mítica de la etnia Wayuu lúdicamente fusionando la danza, la música y lo ritual, describiendo aquellos seres sobrenaturales que habitan cotidianamente la realidad del imaginario ancestral, convidando a los espectadores a realizar un viaje fantástico por la maravillosa Guajira.
.En la primera parte se apreciará lo misterioso de JUYA (Lluvia) junto con PULOWI (su mujer), los poderes de seres como KEERALIA, LOS AKALUKAI, EL WANESATAI, y los EPIEYÚ, al igual que la fertilidad de MMA (Tierra), la cual no podría realizar sus procesos de fertilidad sin KASHI (Luna), logrando así junto con KAI (Sol), la naturaleza su vital equilibrio.
.La segunda parte SEKURUT, (Pájaro carpintero), será el personaje encargado de dar origen al cardón o cactus, burlándose de la ingenuidad de sus hermanos Wayuu, aún después de haber sido castigado por MALEIWA (ser épico con poderes sobrenaturales)..
TRAYECTORIA
“LOS MALOS CONSEJOS DE SEKURUT” (Cosmogonía Wayuu), es uno de los montajes de repertorio que posee diez (10) años de trayectoria. Por su importancia ha sido grabado para el canal cultural de la televisión nacional SEÑAL COLOMBIA en el año 1999, como un referente artístico de la riqueza plurietnica y multicultural.
.
Ha participado entre otros eventos en el XI Festival “Don Quijote” en París en el año 2002 y como ponente en el XI Congreso Nacional de Antropología en la Universidad de Antioquia en el año 2005 y en el Festival ETNIC ROOTS en San Andrés en el 2007.
.Además de las dos funciones programadas, JAYEECHI realizará talleres en el AUDITORIO DE LA BIBLIOTECA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA en Leticia y en la MALOKA MORUAPU en Puerto Nariño, lugares donde se estará presentando esta propuesta teatral que lleva en escena 10 años y la cual ha dejado en alto el nombre de la cultura Wayuu y La Guajira en diferentes eventos del ámbito nacional, así como también el de Colombia en el exterior..LOS MALOS CONSEJOS DE SEKURUT (Cosmogonía Wayuu)
SINOPSIS“La tradición es como una anciana que sentada en el camino de los días, cuenta a las generaciones venideras lo que ha vivido”.
.“La cultura oral como una literatura de creación y recreación, se basa fundamentalmente en la cosmovisión, en los principios de la naturaleza observados y vividos por el Wayuu”. (Ramón Paz Ipuana). Escritor Wayuu q.e.p.d
.Este montaje retoma la riqueza mítica de la etnia Wayuu lúdicamente fusionando la danza, la música y lo ritual, describiendo aquellos seres sobrenaturales que habitan cotidianamente la realidad del imaginario ancestral, convidando a los espectadores a realizar un viaje fantástico por la maravillosa Guajira.
.En la primera parte se apreciará lo misterioso de JUYA (Lluvia) junto con PULOWI (su mujer), los poderes de seres como KEERALIA, LOS AKALUKAI, EL WANESATAI, y los EPIEYÚ, al igual que la fertilidad de MMA (Tierra), la cual no podría realizar sus procesos de fertilidad sin KASHI (Luna), logrando así junto con KAI (Sol), la naturaleza su vital equilibrio.
.La segunda parte SEKURUT, (Pájaro carpintero), será el personaje encargado de dar origen al cardón o cactus, burlándose de la ingenuidad de sus hermanos Wayuu, aún después de haber sido castigado por MALEIWA (ser épico con poderes sobrenaturales)..
TRAYECTORIA
“LOS MALOS CONSEJOS DE SEKURUT” (Cosmogonía Wayuu), es uno de los montajes de repertorio que posee diez (10) años de trayectoria. Por su importancia ha sido grabado para el canal cultural de la televisión nacional SEÑAL COLOMBIA en el año 1999, como un referente artístico de la riqueza plurietnica y multicultural.
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Ha participado entre otros eventos en el XI Festival “Don Quijote” en París en el año 2002 y como ponente en el XI Congreso Nacional de Antropología en la Universidad de Antioquia en el año 2005 y en el Festival ETNIC ROOTS en San Andrés en el 2007.
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martes, 2 de septiembre de 2008
La red “anticorrupción” de Jorge 40

Al reconstruir la contabilidad encontrada en una finca de Jorge 40, se descubrió que entre paramilitares y políticos se repartían el 10 por ciento de un impuesto que cobraban a la contratación municipal y departamental, a las administradoras del régimen subsidiado y a los proveedores. Estarían por abrirse cientos de investigaciones disciplinarias y penales.
Por Tadeo Martínez, corresponsal de Semana en BarranquillaFecha: 08/25/2008 -
En cuatro meses del año 2004 el Bloque Norte de las AUC tuvo ingresos reportados en su contabilidad por valor de 989 millones de pesos. Esos dineros provenían de un impuesto que cobraban a la contratación pública de 101 municipios y cuatro departamentos a las Administradoras del Régimen Subsidiado y a los proveedores. Esa contabilidad está registrada en un libro que se llamaba la “Red de Contratación”, un sistema que tenía como objetivo evitar que los “comandantes militares de frente”, en complicidad con los “comandantes financieros”, se quedaran con los recursos que las diferentes entidades territoriales tributaban al Bloque Norte. Toda esta información de la contabilidad de Jorge 40 fue encontrada en un allanamiento que realizaron las autoridades en una finca del ex jefe paramilitar en San Ángel que sirvió de base al Bloque Norte de las Auc. Allí las autoridades de policía judicial y la Fiscalía encontraron abundante información sobre las finanzas del Bloque Norte y las relaciones entre las autoridades en los cuatros departamentos con el grupo paramilitar comandando por Tovar. En marzo de 2002 Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, creó un grupo de trabajo al que llamó la Red de Contratación porque la plata que se recogía por diferentes conceptos en La Guajira, El Cesar, Magdalena y Atlántico, no llegaba completa a su “tesorería”. Esa red estuvo funcionando durante casi cuatro años, entre 2002 y 2006, cuando el Bloque Norte se desmovilizó en La Mesa y Chimila, Cesar.
Una planilla del "ministerio de Hacienda" de Jorge 40
Una planilla del "ministerio de Hacienda" de Jorge 40
Los miembros de la red sostenían reuniones periódicas y a ellas asistían los comandantes de los frentes con el “tesorero”, un hombre de confianza de Jorge 40 encargado de auditar estas finanzas. La contabilidad tenía tres columnas; contratación, ARS y proveedores. Una cuarta columna contenía las diferentes zonas geográficas en los cuatro departamentos, tal y como estaban organizados los frentes. El Cesar estaba dividido en cinco zonas: la zona 16, la Herradura, Zona 39, Zona de Danilo y la Zona de Alex. En el Magdalena había siete zonas que correspondían a los alias de los comandantes: Carlos Tijeras. Jose, Rafa, Codazzi, Eduardo, La Herradura y Chane. La Guajira sólo tenía dos zonas, la de Ramiro y la de 39; y en Atlántico operaba la de Don Antonio.
El departamento que más aportaba económicamente era Cesar. Según el reporte de los cuatro meses al que tuvo acceso SEMANA, entre mayo y agosto de 2004, los cinco frentes del Cesar reportaron en total casi 560 millones de pesos (exactamente 557.197.741); seguido por la Guajira con 206 millones ($206.562.201); Magdalena con 205 millones ($205.562.201) y Atlántico con 10 millones de pesos.
Llama la atención los pocos ingresos reportados por el frente de Atlántico, comandado por alias Don Antonio, pues en las finanzas halladas en el computador de Jorge 40 había registrados ingresos mensuales superiores a 45 millones de pesos. También hay que decir que con esos ingresos pagaban la nómina de sicarios y otros gastos. Además de acuerdo con la versión del propio “Don Antonio” ante Justicia y Paz, sólo Sitionuevo reportó en 2004, 120 millones de pesos que no se reflejan en ese registro. Además de las reuniones que sostenía periódicamente el “tesorero de la empresa” (las AUC), con los comandantes de frentes, estos también organizaban reuniones con los alcaldes, concejales, diputados, senadores, representantes y gobernadores. En esas reuniones se repartían las utilidades concertadas de la siguiente manera sobre el 10 por ciento del valor total de un contrato: 3.33 por ciento para el frente que la reporta; 3.33 por ciento para el alcalde, gobernador, parlamentario, diputado o concejal que así lo exigiera; 1 por ciento para los tesoreros municipales, departamentales o de la entidad territorial (llámese hospital, organismo descentralizado, corporaciones ambientales etc) que les colaboraban, pues gracias a la información que suministraban los tesoreros se sabía qué contratos se iban a pagar; y el 2.33 por ciento para la Red de Contratación, que a su vez la reportaba a la organización. En total, el 5.6 por ciento del impuesto se quedaba en manos de las autodefensas. En los documentos hallados también hay referencias a la inconveniencia del Puerto de Palermo y al manejo de tierras por parte de Incoder, una especie de glosas sobre proyectos y entregas de tierras.
Un gran número de fiscales y jueces han comenzado a solicitar esta información como prueba, para diferentes procesos en los que están involucrados funcionarios de las entidades territoriales. En otros casos y ante las revelaciones que están haciendo los paramilitares postulados ante Justicia y Paz, se está conociendo lo que sucedió en las regiones durante casi diez años de dominio de los grupos armados de autodefensa. También llevaban una contabilidad de distribución de esos ingresos, correspondiendo la mayor parte a los seis frentes del Cesar, que recibían más de 239 millones de pesos; los siete frentes del Magdalena, más de 76 millones y los de la Guajira casi 133 millones de pesos.
Al frente José Pablo Díaz del Atlántico no le giraban. Estos ingresos daban para la manutención del Bloque Norte y sus 16 frentes, que incluía pago de salarios y una diversidad de gastos de transporte, gasolina, viáticos, municiones y sobornos, entre otros. A manera de ejemplo, hay documentos del pacto entre los aspirantes a Senado y Cámara por el Magdalena, Dieb Maloof, Jorge Castro, José Gamarra y Gustavo Orozco Jaraba, fue suscrito también por los alcaldes titulares de Pivijay, San Ángel, Algarrobo, Zapayán, Remolino, Chivolo, Salamina y Ariguaní. En ese pacto firmado el 21 de noviembre de 2001 se establece que los votos de la provincia serán para José Gamarra, quien los endosará a Maloof. Según el acuerdo, éste debe conseguir recursos de inversión social y deberá dar participación burocrática a sus socios del Magdalena de manera equitativa. También revelan documentos y los testimonios de los ex paramilitares que en los municipios de la Zona Bananera, Fundación, Ciénaga, El Retén, Pueblo Viejo y Aracataca en Magdalena, el ex paramilitar “Carlos Tijeras” hizo pactos con los senadores Salomón Saade, Luis Eduardo Vives, Dieb Maloof y Flor Gnecco y los representantes a la Cámara Alfonso Campo, Jorge Caballero y José Gamarra para que apoyaran financieramente al Frente a través de las finanzas de los municipios y la contratación y suministro de los hospitales donde ellos tenían influencia y cuotas políticas.
Los jefes políticos se comprometieron a que los alcaldes de la zona contribuirían con el impuesto y a cambio Tijeras les permitía hacer política en la zona. “Nosotros, dijo “Tijeras” en Justicia y Paz en su versión del pasado 24 de julio, nos metimos en la mitad y les dijimos que los directores de los hospitales tenían que pasar por el colador de la empresa (las AUC). Revisábamos las hojas de vida y les hacíamos entrevistas a los aspirantes. Teníamos que convivir: ellos conservaban sus cuotas políticas, se encargaban del parapeto de la meritocracia, pero se comprometían a menos burocracia, cero corbatas, nada de contratos chimbos y cero embargos arreglados. El cuarto compromiso era pagar el impuesto a la contratación, una ley obligatoria en los cuatro departamentos”. El acuerdo entre políticos y paramilitares parece haber funcionado a la perfección, pues los políticos según los documentos hallados, se encargaban de los nombramientos y el manejo administrativo y los paramilitares “vigilábamos la gestión, los recursos, revisábamos las cuentas y los apretábamos para aconductarlos”, dijo Tijeras.
Los paramilitares brindaban “protección y orden”, y los políticos veían la forma de darle presentación legal. Pero los ingresos gruesos de la organización no están reportados en esta contabilidad, pues provenían del negocio del narcotráfico. En Atlántico funcionaba un frente que rendía cuentas a Jorge 40 y cuya jurisdicción iba desde la salida de Cartagena hacia Barranquilla hasta el muelle donde queda el muelle de la Drummond en Ciénaga, Magdalena. Hace tres semanas ante una fiscal de Justicia y Paz, el ex comandante de éste grupo, Miguel Villarreal Archila, alias Salomón, dijo que cobraron a varios carteles del narcotráfico impuestos por 100 toneladas de cocaína anuales durante tres años, a razón de 50 dólares por kilo.
El grupo de Salomón puede haber recaudado por impuestos de embarque cobrado a los narcotraficantes más de 30 mil millones de pesos en tres años, los cuales eran entregados al ex jefe paramilitar Rodrigo Tovar, alias Jorge 40. Semanas antes de ser extraditado, Nodier Giraldo, alias “el cabezón” , comandante de finanzas del Resistencia Tayrona, había dicho que entre el 2002 y el 2005 las fincas y el comercio rural del Magdalena habían pagado 1.450 millones de pesos; el comercio de Santa Marta había aportado 13.250 millones de pesos; los contrabandistas de gasolina e insumos químicos habían aportado en diez años (1995 – 2005), 23.640 millones y por el impuesto de embarque de más de 170 toneladas de cocaína entre 2005 y 2006, la suma de 17 mil millones de pesos, el 60 por ciento de los cuales fueron entregados por el Frente Resistencia Tayrona a Jorge 40, comandante del Bloque Norte. Entre Salomón y el Resistencia Tayrona, recaudaron en tres años por concepto del impuesto del embarque de narcotráfico aproximadamente 47 mil millones de pesos; esto es alrededor de una quinta parte de los impuestos legales que se recaudan anualmente en una ciudad como Barranquilla. La existencia de esta red de contratación del Bloque Norte dedicada a llevar el registro de los ingresos que la organización obtenía por el cobro de impuestos a entidades públicas, revela de manera escandalosa hasta dónde fueron capaces los jefes de las Auc de infiltrar al Estado y capturar sus rentas. Todos estos hechos ocurrieron con la complicidad de autoridades de policía, jueces, fiscales, agentes de organismos como el DAS y la SIJIN. Cientos de alcaldes, gerentes de hospitales, secretarios de alcaldías, contralores, personeros, concejales, empresarios y contratistas, hicieron parte de delitos como concierto para delinquir, concusión y cohecho.
Los fiscales de Justicia y Paz han empezado a compulsar copias para que los fiscales anticorrupción y la Procuraduría empiecen también investigaciones que permitan sancionar disciplinaria y penalmente a los responsables
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