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domingo, 19 de septiembre de 2010

Mujeres en la mira

VIOLENCIA DE GÉNEROLa masacre de Bahía Portete es el ejemplo más brutal de cómo los paras asesinaron a unas mujeres de la comunidad wayuu para garantizarse el control de la Alta Guajira.
Sábado 18 Septiembre 2010


Las mujeres no se tocan. No van a la guerra, no se violan, no se les expulsa de la tierra. Eso es lo que tenían por ley los indígenas wayuu, de La Guajira, hasta la masacre de Bahía Portete, en la que cuatro mujeres fueron torturadas, perseguidas, asesinadas con brutalidad, dos de ellas aún desaparecidas, y toda una comunidad desplazada.

El domingo 18 de abril de 2004 pasó lo impensable. Serían las 7 de la mañana cuando llegaron cinco camionetas y una moto, con unos 40 o 50 hombres. Los forajidos buscaban, lista en mano, a las familias Fince, Uriana y Epinayú. La primera en caer fue Margoth Fince, de 70 años, reconocida como una autoridad tradicional. La amarraron de pies y manos, la cortaron con hacha y machete y después le dispararon en el rostro. Luego llegaron a la casa de Rosa Fince, de 46 años, quien había emprendido la huida con su hermana Diana, de 40 años, y su sobrina Reina. Días después los familiares encontraron el cuerpo de Rosa. Tenía las manos amarradas por detrás, el vestido desgarrado, estaba decapitada y los senos cortados. De las otras dos mujeres no se ha vuelto a saber nada. En el camino, los asesinos se habrían encontrado con dos hombres a los que también dieron muerte. Uno de ellos, Rubén Epinayú, de la misma comunidad.

"La guerra entre clanes o familias wayuu ha sido parte importante de la historia de este grupo y está claramente regulada en cuanto a los motivos que la provocan y los mecanismos para resolver las disputas", dice el Grupo de Memoria Histórica en su informe liderado por Pilar Riaño y María Emma Wills.

La masacre era un desenlace previsible de la incursión paramilitar que desde hacía algunos años había propiciado uno de los propios miembros de esa comunidad: 'Chema Balas', cuyo nombre de pila es José María Barros, quien creía que en alianza con Jorge 40 podía resolver una disputa histórica.

Desde los años 80, Chema Balas y estas familias tenían aspiraciones por razones distintas a ser los dueños del puerto natural de gran calado que hay en Bahía Portete. Por allí ingresaban el contrabando, que es la actividad a la que se ha dedicado siempre el pueblo wayuu. Chema Balas enarbolaba el permiso que había recibido tiempo atrás su padre para usar el puerto, mientras las familias agredidas habían recibido el reconocimiento de que ese era su territorio ya que allí yacían sus muertos. Durante años hubo una disputa, pero no una guerra.

Pero a partir de 2002, los paramilitares se apersonaron del puerto, de la mano de Chema Balas. El Grupo de Memoria Histórica encontró que la masacre tuvo el deliberado propósito de golpear a las mujeres por ser ellas el sostén de la defensa del territorio. Ellas eran un obstáculo para los planes de expansión del jefe paramilitar Jorge 40. La idea de que estas muertes eran parte de una guerra fratricida e intestina proviene, según Pilar Riaño, de "un estereotipo muy extendido sobre los wayuu".

Bahía Portete es también un caso emblemático en el que las memorias conflictivas están latentes. Mientras los sobrevivientes de las familias Fince, Epinayú y Urania siguen desplazados en Venezuela, y apenas regresan cada año a conmemorar la masacre, la hija de Chema Balas, Damaris Barros, sufre porque su descendencia cargará con el estigma de los errores de su padre. "José María Barros Ipuana se equivocó -al igual que lo hicieron muchos otros hombres wayuu y alijuna en La Guajira- cuando pensó que podría buscar el apoyo de los grupos ilegales provenientes de otros lados, allende su territorio, para consolidarse como hombre fuerte en la Alta Guajira y, después de logrado su objetivo, dejarlos de lado sin más...".

La masacre de Bahía Portete es emblemática porque muestra que la guerra no solo genera pobreza y pérdidas materiales, sino que desordena los principios y valores de las comunidades. La codicia que suscitaron el control territorial y de recursos se impuso durante años, y este es quizá el reto más grande que tiene el Estado para reparar a las víctimas.

http://www.semana.com/noticias-nacion/mujeres-mira/144763.aspx

sábado, 10 de julio de 2010

¿Reparación imposible?

La primera sentencia de Justicia y Paz por la masacre de Mapuján obliga al Estado a pagar más de 100.000 millones de pesos. No hay plata para tantas víctimas.
Sábado 3 Julio 2010

Seguramente la culpa es del fútbol, pero una de las noticias más importantes de la semana pasó prácticamente inadvertida. El martes anterior, en la tarde, en el auditorio del Tribunal Superior de Cundinamarca, la magistrada Uldi Teresa Jiménez profirió la primera sentencia contra los paramilitares que se acogieron al proceso de Justicia y Paz. El fallo deja al desnudo una realidad de a puño: o el país se dedica a conseguir presupuesto para reparar a las víctimas o no podrá cumplir con lo que ordenan los jueces. La reparación de Mampuján, un caserío de Bolívar donde hubo 11 muertes y el desplazamiento de todo un pueblo, cuesta la módica suma de 117.000 millones de pesos.

La magistrada ordenó pagar no más de 240 millones a cada familia que perdió a un ser querido y no más de 120 a cada familia de desplazados, así como realizar inversiones para reconstruir el caserío. Las víctimas quedaron insatisfechas y apelaron porque esos montos son la mitad de lo establecido en las cortes internacionales. Pero los estándares globales de reparación económica tienen ribetes de tragicomedia.

En cinco años, el Fondo de Reparación solo ha logrado obtener 32.000 millones de los bienes entregados por los paramilitares. Es decir, todo el fondo alcanza apenas para una cuarta parte de esta sentencia, que es solo por una masacre. De hecho, los jefes paramilitares Juancho Dique y Diego Vecino, los dos condenados, entregaron apenas una casa, cuatro predios rurales y unos carros ya casi inservibles. Según la propia magistrada Jiménez, los hechos de Mampuján solo representan el 0,39 por ciento de los crímenes de las AUC, pues ya hay registradas 280.000 víctimas. Esta reparación corresponde a un solo hecho pero hay 4.000 que ya han sido imputados y el doble en proceso de ser legalizados. Es decir que hay un problema financiero muy grave.

Jiménez les exige a las autoridades tomar medidas que hasta ahora no estaban contempladas. Ordena que los bienes de los congresistas condenados por parapolítica entren al Fondo de Reparación, y medidas cautelares a los bienes y propiedades de los que están siendo investigados por vínculos con las autodefensas. Eso puede ser mucho más fácil que encontrar los testaferros de los paramilitares, y obviamente puede haber mucho dinero en juego. Pero será una batalla política y jurídica sin precedentes. También le sugiere al Congreso crear un impuesto para las empresas que financiaron grupos paramilitares y le pide a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación que consiga dinero en el exterior. También que los bienes de los paramilitares en extinción de dominio entren al fondo.

Desde el punto de vista de los derechos, nadie objeta que las víctimas merecen ser reparadas de manera generosa. Pero desde la perspectiva de la viabilidad de las políticas, lo que deja planteado este fallo es que en cuanto a la reparación, el país va rumbo al fracaso.

El presidente de la Comisión de Reparación y Reconciliación, Eduardo Pizarro, ha dicho en muchas ocasiones que lo único que ha funcionado en el contexto internacional es la reparación por vía administrativa, como la hizo Chile. Allí las víctimas tuvieron acceso privilegiado a programas de salud, crédito, educación y memoria histórica. Pero eran un universo más pequeño, y la reparación se hizo en un contexto de transición política. En Colombia se ha optado por dos mecanismos simultáneos: una reparación administrativa, que paga 17 millones a cada víctima, y la vía judicial, que es más onerosa.

Lo que ha quedado claro es que el país debe buscar una salida. En ese sentido parecen ir los acercamientos entre Gustavo Petro y el presidente electo, Juan Manuel Santos. "Lo que yo propongo no tiene costo fiscal porque es una confesión alrededor del tema de las tierras", dice Petro, quien también considera que el tema de las víctimas tiene que ser un propósito nacional. Pizarro parece estar de acuerdo: "Llegó el momento de un gran diálogo nacional sobre la Ley de Justicia y Paz", dice. Ojalá sea más temprano que tarde

http://www.semana.com/noticias-nacion/reparacion-imposible/141232.aspx